En medio de la vorágine de la criminalidad que agobia a la sociedad dominicana, el Congreso se apresura a modificar el Código Procesal Penal que se identifica como la causa básica del auge de la violencia y delincuencia, igual que en la fábula aquella que narra la crisis social desatada por el uso y disfrute de la sombra que proyectaba un burro que al final todos coincidieron en culpar al animal por la tragedia acaecida.

Ese Código, como todo texto jurídico, es dinámico, cambiante y, por tanto, requiere con el tiempo revisión como lo anuncia el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Abel Rojas, pero es menester advertir que aunque ayuda a los esfuerzos por disminuir el índice de criminalidad, su modificación no debería interpretarse como la panacea de ese flagelo.

En la fábula, el pleito judicial en torno al asno desencadenó en aguda polémica sobre quién recaía la responsabilidad por la desdicha colectiva, si al burro o a su sombra. Ahora el debate parece centrarse en determinar si la causa de tanta delincuencia y violencia está en el Código Procesal Penal o en una combinación de venalidad, deficiencia y corrupción entre jueces fiscales y policías.

Sería de gran provecho la revisión también del Código Penal para que se incluyan las figuras de las penas consecutivas y se aumenten las sanciones contra el sicariato, robo agravado, violación, feminicidio y narcotráfico, sin que el legislador pretenda retroceder el ordenamiento jurídico procesal y criminal a la superada cultura del tránquenlo.

Todos los Códigos han de tener la etiqueta de garantistas, de conformidad con la Constitución de la República, lo que no es obstáculo para que reflejen drasticidad frente a toda forma de criminalidad o de reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas como crímenes.

Aunque la normativa procesal penal requiere de revisión y modificación, no debería soslayarse la válida preocupación respecto a la lenidad de los jueces, al extremo de que en más de tres mil sometimientos por narcotráfico, apenas algunos infractores guardan prisión preventiva y se cuentan con dedos de una mano los que han sido sancionados en última instancia.

Obra a favor de la delincuencia, la manifiesta negligencia del Ministerio Público en la preparación de expedientes que llegan a los tribunales con deficiencias tales que obligan a los magistrados a decretar simple desistimiento, como también se resalta la creciente complicidad de militares y policías en la comisión de robos, asaltos, atracos, secuestros y sicariato.

Sería una tragedia mayor si, como en la celebrada obra de Durremat donde una agobiada población culpó al asno de todos sus sufrimientos, se pretendiera ahora mercadear el falso criterio de que el Código Procesal Penal es la causa única de tanta delincuencia y criminalidad.