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Se complica

Caso Anibel

El caso de la abogada Anibel González Ureña, asesinada de tres balazos en presencia de sus hijas por su expareja en San Pedro de Macorís, ha tomado un giro que evidencia faltas de las autoridades para garantizar la integridad física de la profesional.

En tanto la Procuraduría General de la República garantizó que habrá castigo si se comprueban violaciones en el acuerdo a través del cual estaba en libertad el homicida de González Ureña se ha dado cuenta de un documento según el cual las autoridades conocían el convenio, pero no lo objetaron.

Yasmil Fernández Estévez había sido dejado en libertad, con orden de alejamiento, después de propinar siete puñaladas a su expareja en un intento de asesinato. La fiscal Luz Aurora Almonte notificó tanto al jefe del Ministerio Público como a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, y al inspector general Bolívar Sánchez, entre otros, lo relativo al acuerdo parcial con Fernández Estévez, propietario de una mueblería en San Pedro de Macorís.

El documento, según ha trascendido, fue validado el 6 de febrero de este año por el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís.

Tras la indignación causada por el homicidio de la abogada, la Procuraduría garantizó que habrá consecuencias de comprobarse violaciones en la libertad del comerciante, quien se suicidó de un disparo a la cabeza.

Con las informaciones que han salido a relucir está por ver cuál será el desenlace de las investigaciones para establecer responsabilidades sobre el suceso.