La Junta Central Electoral (JCE) ha defendido con razón, honor y gallardía el buen nombre de República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ante cuyos jueces pudo demostrar que aquí no hay discriminación contra nacionales o extranjeros en la inscripción del Registro Civil.

El presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, expuso ante esa Corte dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la vigencia de un Libro de Extranjería donde son inscritos los hijos de parturientas extranjeras que dan a luz en hospitales dominicanos, que además son provistos de un documento de identidad o acta de nacimiento.

Rosario pudo demostrar ante esa Corte que ningún dominicano o extranjero ha sido vedado o excluido del Registro Civil por razones étnicas o xenófobas y resaltó además que el Estado dispone de una eficiente plataforma tecnológica que ha permitido escanear más del 80 por ciento de la documentación referida a la identidad de los ciudadanos.

Ese foro, que tantas veces ha sido escenario de campañas viles que procuran presentar a la tierra de Duarte como antro de esclavistas y explotadores de mano de obra foránea, escuchó voces responsables que pudieron demostrar que cualquier ciudadano nativo o inmigrante puede obtener sin ningún prejuicio el documento de identidad correspondiente.

La jueza Dinah Shelton, presidenta de la audiencia, expresó complacencia por los grandes avances que ha logrado República Dominicana en materia de Registro Civil, lo que definió como un gran paso de avance en el proceso de consolidación de la democracia, juicio que se recibe como desagravio al caudal de infamia vertido sobre el gentilicio nacional.

Llama la atención que la JCE solicitó a esa Corte exponer sobre un tema que, como el de Registro Civil, ha sido objeto de censura por instituciones relacionadas con la defensa de los derechos del inmigrante, como el Centro Robert F. Kennedy, cuya representante, Marselha Goncalves Margerin, asistió a la audiencia en Washington junto con la activista dominicana Sonia Pierret.

Otras instituciones del Estado, Gobierno, empresariado y Sociedad Civil deberían emular la valiente y responsable actitud asumida por el pleno de la JCE de defender de manera proactiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cualquier otro escenario internacional el buen nombre de la República y su innegociable fuero soberano.

Sin negar que, como en Estados Unidos y Europa, aquí se perpetran aisladas violaciones a los derechos humanos, la Junta Central Electoral pudo demostrar en Washington que República Dominicana no es ni ha sido un Estado racista o xenófobo y que los extranjeros residentes tienen derecho y acceso al Registro Civil para obtener actas de nacimiento o identidad que los señale como tales.