Si queremos transparencia en el accionar de la Suprema Corte de Justicia debemos asumir las consecuencias del cuestionamiento público a cada uno de los interesados en conformarla pues ellos tendrán el deber de juzgar a los ciudadanos y por consiguiente la población necesita saber en manos de quién estará la administración de justicia.
Es preciso enfocarnos en investigar, cuestionar, hurgar en el pasado y presente de cada uno de los aspirantes a ser miembros de las altas cortes pues reza un refrán de mi campo “es mejor prevenir que lamentar”. Si hoy cuestionamos todos los puntos necesarios nos evitamos en el mañana lamentaciones por la elección de alguien que no reunía las condiciones éticas y profesionales necesarias para tan importante posición.
Durante décadas hemos venido observando la evaluación del sistema de justicia en nuestro país, en las denominadas “olas de reforma judicial” y estas no han sido más que la instauración de procesos más transparentes y democráticos. Hemos pasado por ejemplo de elegir jueces democráticamente, como hace 40 años, al sistema de carrera dentro del poder judicial.
Y justamente esa transparencia es la que nos ha retenido en las redes estas últimas semanas. Nos cuesta creer que hemos avanzado a un punto tan claro y racional, que hasta nos forzamos a recomponer los santos que nos caen de la vitrina.
Recordemos el famoso caso del juez Brett Kavanaugh, nominado para el tribunal supremo de los Estados Unidos y quien fuera acusado de abusos sexuales. Fue un drama político y televisado en tiempo real, con la diferencia de que la simple declaración de una mujer que decía ser víctima de abuso sexual, propició una investigación del FBI.
En nuestro país, sin embargo, no hubo una simple declaración, hubo confesiones de acciones no sólo antiéticas sino también novelescas, como el hecho de que una juez del más alto tribunal declaró tener una casa construida por un conocido narcotraficante y “no lo sabía”. Sólo eso amerita una investigación del FBI, la KGB y cuanta agencia de investigación sea necesaria. Eso, sin adentrarnos en suponer si la relación fue a título gratuito u oneroso.
En un país donde todos estamos más pendientes del hijo de la vecina que del propio, resulta extraño que los cartones se nos pasen con ficha.
Sin duda que en esta patria de ciudadanos “al acecho”, debemos empezar a no dejarnos llevar de la pasión de lo simple y empezar a hacernos muchas interrogantes, pero sobre todo a exigir respuestas. Debemos empezar a preguntarnos si se levantó el velo del Poder Judicial. O si llegó la hora de la purga del Poder Judicial. Reclamemos transparencia y lo sabremos.
Partiendo de la publicación en El Nacional del miércoles 20 de marzo del presente año, sobre el caso del ingeniero Richard Miguel Gloss o Richard Molina Ovalle quien estaba siendo investigado por organismos nacionales e internacionales como el FBI, sobre lavado de activos y sus posibles nexos con algunos jueces, nos lleva a la conclusión que debemos hurgar e investigar más sobre todos los interesados en ser miembros de nuestra Suprema Corte de Justicia sin distinción alguna, pues resulta muy peligroso para el bienestar de nuestra sociedad la escogencia de personas que no estén verdaderamente comprometidas con una justicia transparente y sobre todo justa.
Luego de las revelaciones hechas por El Nacional se hace aun más necesario e importante para una sana administración de justicia darle cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley No. 132-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura la cual establece en su Artículo 20.- Investigación de candidaturas el Consejo Nacional de la Magistratura podrá designar a uno o varios de sus miembros para realizar investigaciones en torno a una o varias candidaturas, las cuales serán respaldadas por un informe que deberá ser rendido en la sesión siguiente.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no pueden fallar en la escogencia de una nueva generación de jueces que vengan a renovar la administración de justicia, es su deber hacer las investigaciones necesarias de cada uno de los aspirantes a los fines de que no nos sorprendan con una incorrecta elección, absolutamente nadie está por encima de la ley y mucho menos puede sentirse ofendido por ser investigado pues quien no tiene nada que ocultar no habrá de importarle se indague sobre sus actuaciones tanto del ámbito profesional como personal.
El autor es abogado.
