La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales solicitó al presidente de la República la paralización de la ampliación del cementerio Jardín Memorial, ubicado en el área del Parque Nacional Mirador Norte, ya que el decreto que lo creó viola varias normativas.
El titular de la entidad, Francisco Contreras Núñez, pidió al presidente Luis Abinader, vía la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, derogar al decreto 1130-03, del 16 de diciembre de 2003, para que prohíba la ampliación de ese camposanto ubicado en un área protegida.
En la solicitud se le solicita al Ejecutivo tomar en cuenta el respeto al descanso de los difuntos que allí están sepultados, pero que impida que continúe el desmonte en el área verde y la construcción de tumbas.
El Parque Mirador Norte fue creado mediante el decreto 183-93, del 24 de junio de 1993, amparado en la Ley 67 del 8 de noviembre de 1974 (vigente para la época), la cual disponía en su artículo 13 que “quedaba absolutamente prohibido dentro de las demarcaciones de los parques y reservas ceder tierras o permitir el establecimiento de instalaciones a personas, grupos u organizaciones privadas u oficiales”.
Por lo que la cesión de estos terrenos para construir un cementerio de carácter privado contradice la disposición legal.
En su misiva al jefe del Estado, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales expresa que en la actualidad el cedazo de la legalidad tampoco es superado por el decreto en cuestión, toda vez que el Parque Nacional Mirador Norte está amparado en la Ley 202-04 (Ley Sectorial de Áreas Protegidas), la cual estable que el sistema de áreas protegidas es irreductible en cada una de sus partes y en su totalidad, por lo que la cesión y autorización de construcción de 70 hectáreas del territorio del parque es violatoria a la ley.
Añade que los datos precedentes indican que tanto en la fecha de la emisión del decreto 1130-03, así como en la actualidad, el pronunciamiento del mismo fue contrario a las disposiciones de las leyes vigentes para la época y de las disposiciones de las actuales, por lo que deviene en ilegalidad.
Refiere que dicho camposanto reduce los terrenos del Parque Nacional Mirador Norte, acción que no podría llevarse a cabo, por la prohibición existente de la cesión de esas tierras.
Señala que otras de las ilegalidades del decreto 1130 están contenidas en el orden constitucional, que establece que en los límites de las áreas protegidas solo pueden ser modificados y reducidos con la aprobación de la tercera parte de los votos de las cámaras legislativas del Congreso Nacional.
Al respecto agrega que la concesión, gestión y construcción de los cementerios es una potestad de los ayuntamientos, lo que implica que los terrenos que serán utilizados para tales fines deben ser autorizados por esas instituciones edilicias.
La derogación de la Ley 1130 -03 no es un petitorio nuevo ni exclusivo de la Procuraduría, sino que ha sido un reclamo de múltiples organizaciones sociales y de autoridades anteriores.
El Ministerio Público insiste en el gran daño ambiental que ha causado el Cementerio Jardín Memorial, desmontando cientos de árboles que constituían parte de la flora que sostiene el acuífero y la fauna de ese pulmón de la capital, lo cual contraviene no solo las leyes, sino la propia finalidad del Parque Nacional Mirador Norte, que no es más que la preservación de los acuíferos, la flora y la fauna.
Al respecto, la Academia de Ciencias de la República Dominicana emitió un informe en el 2004 en el que rechazó categóricamente dicha construcción, estableciendo que la misma constituía un daño devastador para el ecosistema que se pretendía preservar.
“Señor Presidente, estamos conscientes de la situación de los terrenos del Parque Nacional Mirador Norte, que actualmente ocupa el Cementerio Jardín Memorial es muy delicada, toda vez que el descanso final de los cientos de personas allí sepultadas constituye un asunto de humanidad y de salud pública”, expresa la misiva.
