Wilson Camacho
Santo Domingo.- Los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazaron para el próximo 15 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento del recurso que presentó el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, uno de los involucrados en el Caso Coral
La decisión la tomaron los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García y Carmen Mancebo, porque el imputado) informó al tribunal que había cambiado de abogado y el abogado hizo referencia a que no conocía los elementos del proceso y pidió el aplazamiento.
Mientras el director Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció Wilson Camacho dijo que el sistema de justicia no tiene ninguna razón para variar la medida de prisión al sargento de la Armada Montero Cruz.
El pasado mes de mayo el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público llevan a cabo la investigación y litigación del caso.
El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
