Por: Ángel Hernández

Angelhernandez@uapa.edu.do

En favor del docente se deben crear todas las oportunidades para aprender durante toda la vida. En este sentido, la certificación de las competencias del docente que propone el pacto implica que los mecanismos de formación continuada sean puestos a su disposición en lo inmediato como condición previa al proceso de certificación.

Esto incluye, naturalmente, que los docentes sean formados como usuarios inteligentes de las herramientas propias de internet para que puedan beneficiarse de las oportunidades de aprender que allí existen y de los amplios recursos en abierto a su disposición para enriquecer su trabajo en el aula y fuera de ésta. En otras palabras, en la formación continuada de los docentes hay que potencializar en uso de las TICs y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la educación distancia virtual, creando programas innovadores que hagan uno intensivo de los ambientes de aprendizaje propios del mundo de hoy.

El pacto propuesto es una oportunidad para discutir los grandes temas de la educación dominicana. Su éxito está condicionado a la voluntad de quienes dirigen la consulta de permitir las divergencias y lograr el consenso de todos los sectores, especialmente de la clase política, sobre los aspectos fundamentales de la educación dominicana.

En este sentido, las consultas regionales fueron muy limitadas y muy condicionadas por los instrumentos utilizados para recoger las opiniones. Creo que la oportunidad de superar estas limitaciones está en el trabajo de las mesas previstas para noviembre que deben ser integradas de manera democrática y con la más amplia representación de los diferentes sectores de opinión.

Para que el pacto propuesto tenga el impacto esperado en la calidad de la educación, es necesario, además, que el financiamiento sea la piedra angular del proceso. En este sentido, se ha logrado mucho con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Estos recursos tendrán un impacto positivo en la calidad. Igual tratamiento debe recibir la universidad y la educación para el trabajo. Son muchas las disposiciones legales que establecen mejores condiciones de financiamiento para la universidad.