El viernes 17 de julio del 2020, en la Junta Central Electoral, al tiempo de valorar el proceso y asumir los resultados electorales que le dieron la victoria al Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuve que cuando pasara el fragor de la campaña y de las elecciones, el país debía abocarse a una reforma electoral que le permitiera atender serias irregularidades que detectamos en la atípica campaña general de ese año, condicionada por la pandemia del COVID-19 y el uso indiscriminado de recursos y del aparato estatal por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mis palabras textuales a la prensa en ese momento fueron: “Por supuesto, aquí queda pendiente abocarnos a una reforma electoral para evitar situaciones que vivimos en este trayecto. Pienso que las recomendaciones que hace el informe preliminar de observadores de la OEA nos parece que ahí está la agenda de más adelante”.

Días antes, en su informe preliminar y luego en el definitivo, la OEA sostuvo que uno de los rasgos más reveladores del proceso electoral dominicano fue la distribución de dádivas y asistencias a la población, tales como alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción, hecho que denunciamos de manera sistemática sin grandes consecuencias.

Aunque valoraron la actualización del marco jurídico, estimaron que se necesitaban hacer ajustes para suplir vacíos legales y clarificar disposiciones, entre las cuales citaron la ausencia de reglas para la distribución de recursos estales dentro de los partidos, obligando a buscar, a nivel de Congreso y alcaldías, recursos del ámbito privado. “Esto genera una ventaja electoral para aquellos candidatos con mayor acceso a financiamiento privado y aumenta el riesgo de corrupción, tráfico de influencias y penetración de fondos provenientes de actividades ilícitas”, señaló.

Esto nos trae al presente, a raíz de procesos judiciales que involucran casos de involucramiento del narcotráfico en la política. En respuesta, el Partido Revolucionario Moderno ha reiterado que todo ciudadano debe responder por sus actos, pero que, por igual, existe un importante espacio de mejora en el aspecto del financiamiento de campañas para evitar que el crimen organizado penetre en las organizaciones políticas en busca de impunidad.

En el marco del diálogo por las reformas planteado por el presidente Luis Abinader, no hay mejor momento para debatir con altura y pluralismo el aspecto electoral, enfocados en modificar la Ley de Partidos de manera que se incluya, en una profunda reforma electoral, en adición a los partidos, a “candidatos y precandidatos” en el Artículo 64 de la ley 33-18 sobre contribuciones ilícitas. El momento para hacerlo es ahora, y deben participar todos los partidos políticos, sin distinción. Apoyo total a la decisión del presidente Abinader de emprender las reformas políticas más trascendentes en la historia del país.

Por: Orlando Jorge Mera

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