La fallida reforma fiscal y la anulada Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI, fueron los dos proyectos que provocaron mayor controversia en 2024 en el Congreso Nacional. Con el incremento y la creación de nuevos gravámenes, el gobierno buscaba recaudar RD$122 mil millones al año.

El primero, bautizado como “Ley de Modernización Fiscal”, fue retirado del Congreso Nacional el pasado 19 de octubre por el presidente Luis Abinader tras el rechazo generalizado de distintos sectores, que lo consideraban dañino y que traería más problemas que soluciones.

Al presentar esta iniciativa el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, el 6 de octubre de este año, explicó que tenía como finalidad principal mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas claves como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable.

El aumento de los impuestos tocaba el bolsillo de los ciudadanos, comerciantes, iglesias, sector inmobiliario, aumentos de impuestos al alcohol y a la renta, ampliación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis), y eliminación de exenciones tributarias y del anticipo para las personas físicas y las microempresas y otras.

Ley 1-24

Mientras la Ley 1-24, promulgada en enero de este año, fue declarada ilegal el día 6 del mes en curso, por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0767/24.

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El Tribunal explicó que en la aprobación de la Ley 1-24 el Congreso no cumplió con los requisitos establecidos para las leyes orgánicas, que establecen que para su aprobación se precisa de las dos terceras partes de los legisladores presente en la sesión.

La legislación permitía a las autoridades acceder a información pública y privada sin orden judicial, lo que se consideró una violación al derecho a la intimidad y al debido proceso, principios consagrados en la Constitución dominicana, lo que llevó a su nulidad.

La ley otorgaba a la DNI un poder excesivo, que incluía la facultad de realizar acciones de inteligencia como obligar a los periodistas a revelar el nombre de la fuente noticiosa y entregar a las autoridades todas las informaciones requeridas.

La DNI fue creada como un organismo encargado de coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia en República Dominicana.