Lo más resaltante de la iniciativa emprendida por el Gobierno para reformar la Policía Nacional ha sido la firme voluntad política expresada por el presidente Luis Abinader de cumplir con ese propósito, “me cueste lo que me cueste”, un compromiso literalmente compelido a cumplir sin importar los muchos obstáculos.

Después de colocar en retiro a 350 oficiales, clases y alistados de la Policía, el mandatario designó una comisión que tendrá a su cargo hacer sugerencias para transformar esa institución, tarea para la que prometió no faltarán recursos económicos ni determinación por parte del Gobierno.

Esa comisión, integrada por 21 personalidades, entre ellas un arzobispo, abogados, empresarios, periodistas, médicos, académicos, dirigentes deportivos y sociales, tendría su primera sesión este viernes, bajo la coordinación del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia.

El mandatario describió lo difícil que resulta un cambio en la estructura organizacional de la Policía, al señalar que está consciente de que ese proceso puede enfrentar obstáculos y que “la situación podría empeorar” antes incluso de empezar a mejorar.

Un diagnóstico a simple vista de lo que ha sido la Policía desde la tiranía de Trujillo hasta el asesinato a mansalva de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, arroja que ese cuerpo ha oscilado entre una policía política, represiva y altamente afectada por la corrupción.

Sin deseo de desanimar a los integrantes de esa comisión, es menester advertir que la tarea encomendada, la de reformar una institución anacrónica, militarista y altamente permeada por el crimen, resulta en el menor de los casos una empresa ciclópea.

La Constitución y el Código Procesal Penal asignan a la Policía el rol de auxiliar de la justicia, con el Ministerio Publico como jefe de la investigación penal, y en plano administrativo bajo la tutela del Ministerio de Interior y Policía, pero duele decirlo: son muchas las veces que en esa institución delincuentes persiguen a delincuentes.

Lo recomendable sería que en el proceso de reforma organizacional de la Policía, el Gobierno procure asistencia de naciones que pueden compartir experiencia de éxito o de organismos multilaterales que ofrecerían adecuadas herramientas técnicas. Se trata de una iniciativa difícil, compleja, riesgosa, pero absolutamente necesaria.