Cansados quizás de las críticas por privilegios de exoneraciones, asignaciones de fondos y entrega frecuente de recursos adicionales para labores clientelares, 24 senadores acordaron presentar un proyecto de ley que eliminaría todas las exenciones, deducciones o pagos contenidos en 39 leyes, incluidas las de los propios legisladores.
Esa drástica reducción del gasto tributario representaría un ingreso al Gobierno de 217,487 millones de pesos anuales, equivalentes al 4,44 % del Producto Interno Bruto (PIB), conforme a cálculo de los propios exponentes que consideran que no sería necesaria una reforma fiscal.
El proyecto de ley propone suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciban los legisladores, pero también las que benefician a jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, a miembros del Ministerio Público y del Servicio Exterior.
En ese proyecto de ley se consigna un reajuste de sueldo a fin de que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente y vicepresidente de la República, incluidos ejecutivos del Banco Central y del Banco de Reservas, superintendencias de Bancos y de Valores, Hacienda y los consejos directivos del sector eléctrico.
El presupuesto de publicidad oficial no quedaría ileso en esa iniciativa legislativa, que lo reduciría de 4,800 millones de pesos a $ 2,000 millones para el año 2022, porque los firmantes del documento creen en “la transparencia y la rendición de cuentas desde una perspectiva de igualdad y equidad”.
Llama la atención que entre los 24 senadores que endosan esa propuesta figuran legisladores del Gobierno y de la oposición, por lo que se da por descontado que sería aprobado sin mayores dificultades y que probablemente reciba el visto bueno en la Cámara de Diputados.
No escapa al conocimiento de esos legisladores que el Estado otorga exenciones fiscales o arancelarias a sectores productivos y sociales en aras de fomentar la competitividad o de promover equidad, aunque se admite que en muchos otros casos el sacrificio fiscal en que incurre el Gobierno es injusto y discriminatorio.
Sin importar si se recibe como una expresión de resabio o de coacción por parte de esos senadores, la sociedad debería alentarlos a que sigan adelante con su proyecto, que en el peor de los casos permitiría desvestir muchos santos en el altar de los privilegios o reducir sustancialmente el caudal de exoneraciones y exenciones.
