El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció una serie de medidas que serían aplicadas en los próximos tres años con la finalidad de mejorar o generar cambios en el sistema educativo, que incluye volver a impartir en las aulas la materia moral y cívica y garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

Lo positivo de la hoja de ruta enunciada por el funcionario radica en que las metas trazadas pueden ser alcanzadas en el corto plazo, como reducir la deserción escolar, implementar actas de nacimiento digitales en los planteles, rehabilitar más de mil cien aulas y enfatizar la educación en valores.

Ese programa de tinte realista, que se prolongaría hasta 2028, fue levantado sobre un diagnóstico lúgubre matizado por el fatídico dato de que en lo que va de año escolar se ha perdido el 10 % de la docencia a nivel nacional y el 25% en algunas regiones, lo que motiva llevarse las manos a la cabeza.

Como para no olvidar la pesadilla que significan las bajas calificaciones obtenidas en los programas de evaluación Pisa, el ministro De Camps dijo que entre las metas de ese plan educativo figura la de lograr que al menos el 70 % de los estudiantes de tercer grado de primaria dominen la lectura y la matemática.

Se pretende también que 400 mil niños y niñas menores de cinco años de edad ingresen a las aulas al 2028, que otros 140 mil estudiantes formen parte de la modalidad técnico-profesional, y que 400 mil jóvenes sean capacitados en competencia real del idioma inglés, lo que se lograría si se detiene la hemorragia de la deserción escolar.

Todo lo señalado en ese programa se puede lograr en el tiempo previsto si la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) cambia radicalmente su concepción de gremio economicista por el de un instrumento sindical y docente que coadyuve también con el desarrollo y calidad de la educación pública.

La mayor parte de los más 297 mil millones de pesos que representa el 4 % a la educación, se pierden en cañerías de dispendio y corrupción, sin que ningún mecanismo de fiscalización, de los tantos previstos en la ley, garantice que esos recursos se reflejen en la calidad educativa.

El plan presentado por el ministro de Educación, cuya portada trae la buena nueva de que retornará a las escuelas la materia de moral y cívica, merece el total y firme respaldo de la comunidad educativa y de toda la sociedad, en el entendido de que una nación no podría avanzar con los pies de barro de una escuela pública atrasada, inoperante, disfuncional y corrupta.