No se conoce ningún otro Estado soberano cuyas autoridades permitan o sean obligadas a permitir el ingreso en masa a su territorio de indocumentados, como pretende un sacerdote jesuita anclado en el paso de Dajabón con miles de ciudadanos haitianos sin papeles que pujan por cruzar la frontera.

Hasta donde se tiene conocimiento, República Dominicana es una nación soberana dotada de una Constitución, códigos, leyes y ordenanzas de obligatoria observancia, incluida la ley general de Migración que establece los requisitos que debe cumplir un extranjero para ingresar o residir en territorio nacional.

El director de Migración ni aun el presidente de la República tienen autoridad para violar la ley, como sería el caso si se acepta el emplazamiento del cura Regino Martínez para que se permita pura y simplemente el ingreso de miles de ciudadanos haitianos indocumentados que pugnan por residir y trabajar en el lado este de la isla.

No se niega la posibilidad de que se explore una solución jurídica al problema planteado por la muchedumbre que reclama reingresar a territorio dominicano bajo el alegato de que viajaron a Haití a pasar las navidades junto a sus familiares, pero es menester advertir que cualquier salida a esa situación debe incluir el respeto estricto de la ley.

A la luz del derecho y la razón, resulta inaceptable la propuesta del embajador de Haití, don Fritz Cineas, para que el Gobierno permita el ingreso de más de cinco mil haitianos indocumentados congregados en la frontera norte, para que los consulados de ese país en Barahona y Santiago los provean de pasaportes.

Para viajar o ingresar a República Dominicana se requiere visado oficial o documentación sustituta en los casos de nacionales de países donde no se requiere tal requisito, pero nunca debería crearse el precedente de abrir las fronteras para el ingreso en masa de extranjeros sin papeles.

Lo prudente sería que autoridades dominicanas y haitianas aborden de manera particular cada caso de ciudadanos haitianos que reclaman reingreso al país bajo el alegato de que residían aquí de manera ilegal, pues esa situación debería ser enmendada por vía de un contrato de trabajo o visado temporal. Lo que no se debe permitir es que amparado en chantaje o conveniente pastoreo de ilegalidades, se obligue al Gobierno a violar la Constitución y la ley de Migración.

Ojalá que la diplomacia dominicana y la haitiana se comporten a la altura de las circunstancias, observando pleno respeto al principio de soberanía de los Estados y de irrestricto cumplimiento de la ley, único antídoto efectivo para prevenir caos y anarquía.