Mientras el proceso judicial del caso Senasa acapara la atención mediática, es importante que el Gobierno y el Congreso pongan sus ojos en el proceso legislativo y normativo que debe ocurrir para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir. Debería ser fuente de alarma para el Estado que el caso se destapara por virtud del rumor público y la prensa, y no por los controles internos y externos de la organización.

La Cámara de Cuentas, en la forma que está actualmente diseñada, simplemente no funciona como un ente efectivo de fiscalización. El hecho de que su respuesta al rumor público alrededor del Senasa fuera una auditoría de los años 2017 al 2019 evidencia que de no haberse destapado el escándalo probablemente la Cámara de Cuentas no se hubiera enterado de lo ocurrido hasta el año 2030.

Necesitamos una fiscalización continua y dinámica de la actuación del Estado, y la Cámara de Cuentas no tiene el presupuesto ni la estructura para lograr algo de esa magnitud.

El proceso de reforma de la fiscalización del Estado debería enfocarse en cuatro pilares: la fiscalización preventiva, la agilidad de actuación de los fiscalizadores, eficientización presupuestaria y el control externo de la fiscalización.

Para lograr algo de esa magnitud será necesario crear un sistema de inspectoría general en todas las entidades públicas. Los inspectores generales de cada entidad tendrían una estructura y presupuesto dentro de la entidad que estarían fiscalizando, pero se reportarían, serían supervisados y evaluados por la Cámara de Cuentas, quien a su vez debe ser un órgano adscrito, nombrado y con dependencia funcional al Congreso Nacional.

Al igual que la Cámara de Cuentes hoy en día, los inspectores generales deben, de manera independiente, contar con el poder de preparar informes, hacer recomendaciones e incluso referir los casos que entiendan apropiados a la acción del Ministerio Público. La Cámara de Cuentas a su vez debe monitorear la acción de los inspectores generales y que las entidades a las que estos se encuentren adscritos no obstaculicen o traten de influenciar el ejercicio de esas funciones.

Impulsar la independencia de organismos como la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público ha sido, y seguirá siendo, de vital importancia para nuestro país si deseamos reducir el impacto de la corrupción en nuestra gobernanza. Pero esa independencia en si misma no es suficiente porque ambos organismos fungen como controles post-hoc y el objetivo del Estado, y el beneficio político del esfuerzo anticorrupción, no va a estar solo en castigar los actos de corrupción sino en lograr prevenirlos.

El caso Senasa con sobradas razones ha indignado a la sociedad y esta esperará pacientemente los resultados del proceso judicial, por su lado el Estado debe ver el caso de Senasa como una oportunidad de ejecutar muchas de las reformas necesarias para evitar que casos como este no vuelvan a ocurrir. Una de estas es la reforma de la fiscalización de la acción del Estado que no debemos tolerar es que continúe en la forma en la que lo ha venido haciendo en toda nuestra historia democrática.