Es irónico que la base del ordenamiento jurídico de una nación sea la Constitución de la República y se castigue a quienes la defiendan. Realmente, además de irónico, es, finalmente inaceptable que queramos construir instituciones democráticas fuertes y que abandonemos a su suerte a quienes ponen en juego su libertad y entregan vidas y bienes por defender la dignidad y el honor de un país, como ha ocurrido con los militares, policías y muchos civiles constitucionalistas.

La revolución iniciada el 24 de abril de 1965 por militares y policías activos, fue en obediencia al mandato de la Constitución promulgada el 29 de marzo de 1963, para defender la vuelta a la constitucionalidad y el retorno del gobierno legítimo del profesor Juan Bosch, quien fue víctima de un golpe de Estado la noche del 25 de septiembre de 1963, infringido por un grupo de generales y oficiales superiores que recibieron instrucciones de los sectores dominantes de la época.

Por primera vez en República Dominicana y, tal vez en todo el mundo, tropas militares y policiales inician una revolución y guerra patria, para que se cumpla el mandato de la Constitución, la cual, en su art. 161 declara a las Fuerzas Armadas, que “El objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes”.

Por cumplir ese mandato; por dar ese ejemplo sin precedentes en nuestra historia y tal vez en el mundo, los militares, policías y civiles constitucionalistas murieron durante el proceso armado; fueron perseguidos y asesinados en las calles después de la firma del Acta de Reconciliación Dominicana el 31 de agosto de 1965, por el presidente constitucional en armas, Francisco Alberto Caamaño Deñó y una comisión de la OEA.

En una clara demostración de que no se cumplirían esos acuerdos, que la corrupción y sangre de Trujillo continuarían y que, además, no habría reintegración de los militares y policías constitucionalistas, los golpistas y los invasores se unieron, para asaltar la cúpula de la revolución en el ataque al Hotel Matum el 19 de diciembre siguiente. Pero nuevamente el patriotismo y la valentía terminaron imponiéndose en esa nueva batalla.

De aquella gesta, este 24 de abril se cumplirán 57 años sin golpe de Estado, los cuales han dado relativa estabilidad económica, política y social a este pueblo, permitiendo el nivel de desarrollo que hemos alcanzado.

Muchos y muchas se han hecho millonarios imponiendo la corrupción y la impunidad que los constitucionalistas combatieron en el 1965, contra el desorden que propició el Triunvirato.

En medio de todo esto, los militares y policías constitucionalistas, siguen aún victima de la traición y el engaño, rodando aquí y fuera del país, sin que ningún gobierno haya asumido como política de Estado su defensa.
Algunos han respondido parcialmente a las demandas. Gracias a ellos, pero faltan muchas cosas por resolverle a los soldados y policías de abril del 65.

Nos preguntamos ¿Qué dirán los nuevos militares y policías de hoy y de mañana, con ese mal ejemplo que se les ha dado a los que ayer defendieron la Constitución y la soberanía? ¿Seguirán buscándosela en la frontera o en cualquier forma y lugar, como han hecho otros o, si se ofrece alguna vez más, se unirán al pueblo, para defender la Constitución y la soberanía nacional?

Para enderezar nuestra democracia, llenarla de ética y valores patrios ¡Basta del castigo irónico, de 57 años de viacrucis a los constitucionalistas, tan solo por servirle a la patria!

Por: Andrés Fortunato Victoriá
andresfortunato48@hotmail.com