Cristóbal, Independencia. – La alcaldesa del municipio de Cristóbal, provincia Independencia, Sandra Peña Plata, interpuso una querella formal por difamación e injuria contra el regidor y presidente de la Sala Capitular, Simón Cuevas Matos, en un hecho que ha generado atención en distintos sectores de la provincia Independencia.

El acto de notificación fue realizado este martes por el Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, SRL, que representa legalmente a la funcionaria.

La acción judicial fue depositada ante la Procuraduría Fiscal de Jimaní, luego de que el regidor supuestamente emitiera declaraciones públicas que, según la parte querellante, afectan el honor, la dignidad y la imagen de la alcaldesa, difundiendo informaciones consideradas falsas a través de redes sociales y medios como Telemicro canal 5.

«La honra de una mujer y de una autoridad electa no puede ser pisoteada por apetencias personales ni politiquería vulgar», expresó el abogado Oliver Batía, representante legal de Peña Plata.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el concejal habría acusado a la alcaldesa de incurrir en prácticas cuestionables, incluyendo supuestos ofrecimientos de beneficios personales a cambio de apoyo a sus propuestas dentro del cabildo, así como intentos de realizar transferencias presupuestarias sin justificación ni transparencia.

La querella, acompañada de constitución en actor civil, establece lo siguiente:

«La señora Sandra Peña Plata, ciudadana dominicana residente en el municipio de Cristóbal, provincia Independencia, presentó una formal querella penal con constitución en actor civil contra el señor Simón Cuevas Matos, a quien acusa de incurrir en difamación pública agravada, causarle daños morales y violar sus derechos fundamentales al honor, conforme a lo establecido en el Código Penal Dominicano (artículos 367, 371 y 373), el Código Civil (artículos 1382 y siguientes) y la Constitución de la República (artículos 44, 69 y 74)».

Además, la parte querellante ha puesto en mora a Cuevas Matos, con el objetivo de que presente sus medios de defensa ante la Procuraduría Fiscal, en el marco del debido proceso legal.

El documento fue entregado de manera oficial por un alguacil, quien certificó su recepción.