La directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, admite que solicitó a un grupo de personas del entorno suyo a “caerles encima” a través de las redes sociales a periodistas y dirigentes políticos que han solicitado suspender la compra de electrodomésticos por 380 millones de pesos que gestiona ese organismo.
Sin dejar de censurar el inaceptable comportamiento de esa funcionaria, se resalta que ha reconocido su “error” y solicitado las disculpas condignas, que debieron ser dirigidas de manera directa a quienes serían víctimas de su mandato.
Alrededor del anuncio del Plan Social de la Presidencia de que inició el proceso de licitación para la adquisición de un lote de electrodomésticos se ha desatado una polémica política que enrarece el tramo final del proceso electoral.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha advertido que esa licitación representa “un peligroso desafío a la institucionalidad electoral”, en tanto que el PLD ha pedido a la Junta Central Electoral que rechace la solicitud de suspender la compra de esos electrodomésticos.
Si se tratara, como ha dicho la directora del Plan Social, que esa gestión de compra corresponde “a un proceso ordinario que ya estaba planificado”, entonces no habría nada que temer, a menos que esos electrodomésticos se distribuyan, como temen muchos, en los días que restan de campaña electoral.
Muy juiciosamente, el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha pedido que, motu proprio, el Gobierno suspenda esa licitación, como imprudente fue la reacción del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, al señalar que ese miembro del organismo electoral no debería hacerse el gracioso.
Al litoral oficial, a la oposición y a la sociedad toda le conviene o debería convenirle que las elecciones municipales del domingo 16 sean libres, transparentes, concurridas y absolutamente apegadas a la ley, por lo que el tema de la licitación de electrodomésticos debería encauzarse por senderos de legalidad y legitimidad.
El Gobierno se quitaría un gran peso de encima si por propia voluntad suspende la gestión de compra de esos enseres para el Plan Social de la Presidencia, hasta pasadas las elecciones municipales, después de lo cual se reiniciaría ese polémico y ruidoso proceso. El mundo no se acaba en nueve días.
