Los sectores confrontados en el Partido Revolucionario (PRD) están compelidos a reconocer una vía interna legal y legítima que asuma el rol de instancia arbitral o de corte de consenso para procurar resolver esa crisis, porque ninguna otra forma de resolución evitaría que la pugna por el control de esa organización concluya con la receta salomónica de matar al niño para que cada cual tome la parte del cadáver que cree le corresponde.

La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de revocar la suspensión del presidente del PRD y la expulsión de otros miembros de ese partido, dispuesta por órganos de dirección convocados por la contraparte, en nada contribuye a conjurar o siquiera disminuir la fiebre de división que convulsiona al PRD.

Esa sentencia no es reconocida por un sector perredeista que considera que el TSE carece de jurisdicción para juzgar asuntos disciplinarios de partidos políticos, lo que indica que el fallo evacuado no surtirá efectos siquiera de calmante ante el crack perredeista, por lo que el liderazgo de ese partido debe identificar otras posibles fuentes arbitrales o dialogantes.

Ambas partes alegan tener mayoría en los órganos de dirección del PRD (Comisión Política y Comité Ejecutivo Nacional), por lo que una de las vías expeditas para restablecer legalidad en esa organización sería que uno y otro sector sometan al escrutinio de instancias válidas escogidas de común acuerdo las listas con los miembros de pleno derecho de esos organismos

Una vez comprobadas y aceptadas esa membresía, los sectores en conflicto deberían acordar una convocatoria única del órgano mayor, bajo la supervisión de árbitros escogidos de común acuerdo, que pueden provenir de la Internacional Socialista (IS), a la que pertenece el PRD, o de sectores de la sociedad.

En algún lugar de los archivos del partido blanco, debe reposar una relación escrita con nombres y apellidos de la matrícula de su Comité Ejecutivo y de su Comisión Política, únicas instancias que aprueban o rechazan sanciones disciplinarias o remoción de dirigentes.

Dado que el Partido Revolucionario representa un contrapeso esencial para el sostenimiento de la democracia nacional, el temor mayor de la sociedad no es el que la crisis desemboque en una división, sino que la intransigencia e irracionalidad lo conduzca a la inhabilidad o extinción.

De nada sirve que los perredeistas acepten o rechacen la sentencia del Tribunal Superior Electoral, porque si los bandos confrontados no exhiben madurez ni se abocan a identificar fuentes de entendimientos o aceptar las resoluciones de los organismos de dirección válidamente convocados y constituidos, no quedará más remedio que matar al niño y dividir su cuerpo.