A riesgo de emitir juicio precipitado puede afirmarse que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) seleccionó el viernes a cinco nuevos jueces que ocuparán vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), reúnen condiciones morales, éticas y académicas requeridas para acceder a esa alta corte.

Entre los escogidos, Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Hernández Victoria son magistrados de carrera, quienes se desempeñaban en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en tanto que Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez provienen de la academia y del servicio público.

En el proceso de selección, el CNM, encabezado por el presidente Luis Abinader, prevaleció el cumplimiento del el artículo 180 de la Constitución que establece un perfil de juez que garantice en sus decisiones la prevalencia de la Carta Magna y verifique siempre que la normativa interna no viole tratados internacionales.

Los jueces de carrera seleccionados cuentan con gran experiencia en la judicatura y poseen extenso currículo profesional, en tanto que a Vásquez Castro se le reconoce una fecunda labor como funcionaria del área legal en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y Namphi Rodríguez posee gran trayectoria en la comunicación, derecho constitucional y derechos humanos.

El Consejo de la Magistratura aún no se recupera de la crisis de reputación que sufrió al no ofrecer motivación convincente que sustentara su decisión de no ratificar a los jueces de la SCJ Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Gris y Moisés Ferrer, lo que otorgó espacio al temor de que se tratara de una medida injusta.

La comunidad jurídica y la sociedad toda aspiran a que la escogencia de esos cinco magistrados de la Suprema Corte signifique un reencauzamiento de forma y fondo en los procesos de selección de jueces de las altas cortes, en los que el interés nacional prevalezca sobre apetitos políticos o grupales.

Es de justicia señalar que con el nombramiento de esos magistrados, la SCJ, no sólo completa su matrícula de jueces, sino que tiene la oportunidad de relanzarse como institución locomotora del orden judicial que consolida su compromiso de garantizar un Poder Judicial independiente que solo responde a la Constitución y a las leyes.

Los magistrados escogidos tienen la obligación de llenar cabalmente las expectativas que la colectividad se ha forjado en torno a un desempeño jurídico apegado a la ética, en el entendido también de que en la ciudadanía no hay espacio para más frustración.