Al ingresar hoy en su primera semana completa de labores y con sólo tres días en rol de inquilino del Palacio Nacional, al presidente Danilo Medina ya se le hace tarde para iniciar la ingente tarea de concertar un pacto fiscal, el primero de los tres grandes acuerdos sociales, políticos y económicos en los cuales aspira a sustentar su ejercicio de gobierno.

El presidente Medina ha convocado a un Gran Pacto Social para poder sacar de la pobreza a un millón 500 mil dominicanos y generar 400 mil empleos dignos, así como mantener un crecimiento económico superior al 4.5% del Producto Interno Bruto, gran iniciativa concertadora que procura alcanzar acuerdos sectoriales en los ámbitos fiscal, educativo y eléctrico.

Como es lógico, el Presidente colocó el proyecto de reforma fiscal como la primera gestión concertadora de su gobierno, en razón de que ese pacto tributario es esencial para poder sustentar su ambicioso programa de transformaciones sociales para lo que se requiere una combinación de reducción del gasto público superfluo e incremento de las recaudaciones.

Es previsible que en torno al proyecto de reforma fiscal integral se crucen posiciones divergentes entre Gobierno y sector privado y que también la clase media y sectores de menores ingresos peguen el grito al cielo cuando se intente agregar más carga tributaria sobre sus hombros.

Sectores productivos, acostumbrados a llorar con el buche lleno, advertirán que la economía se irá por despeñadero si le reducen aunque sea un centavo en sus cuotas de los casi 120 mil millones de pesos anuales de gastos tributarios que se convierten en exoneraciones y exenciones fiscales.

Es probable que el Impuesto a la Transferencia de Bienes industrializados (Itebis) se convierta en pieza angular en una discusión sobre reforma fiscal, por lo que sectores influyentes procurarían que, por vía de aritmética tributaria, los consumidores carguen con parte los 74 mil millones de pesos que el Gobierno les ha exonerado por ese concepto y que desearía recuperar.

Cualquiera que sea el escenario de confrontación o de concertación en torno al proyecto de reforma fiscal, es menester que la discusión comience cuanto antes, pues el Gobierno está en obligación de enviar al Congreso a más tardar en octubre el Proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente a 2013, cuyos recursos y provisiones deben sustentarse en la nueva reforma.

Lo mejor sería que esta misma semana el Presidente y su equipo económico inicien gestiones con quienes serán los intervinientes en esta crucial jornada de concertación hacia un nuevo modelo tributario. Conviene que quien tenga lágrimas profundas comience a llorar temprano.