Al final se ha impuesto la sensatez con relación al financiamiento al sistema de emergencia y seguridad 911: el Gobierno asumirá el costo del servicio. Era injusto gravar al contribuyente con otro impuesto (20 pesos adicionales a la factura telefónica) para cubrir la plataforma tecnológica y equipar con vehículos a la Policía Nacional.

La carga representaba un golpe demasiado fuerte para los usuarios de un servicio que había sufrido un gravamen de un 10% con la reforma fiscal. Si el Gobierno no estaba dispuesto a procurar los recursos por otras fuentes, que las había, lo prudente era que los sacara de su propio peculio.

Antes que afectar a los consumidores se podía eliminar el barrilito, el cofrecito y otros privilegios infames de los congresistas. Se podía también suprimir consejos de administración infuncionales, reajustar la nómina y contemplar otros recortes para no perjudicar a la población con el financiamiento de un servicio tan útil como el de emergencia.

Pero, por suerte, al menos durante el primer año el Gobierno se comprometió a aportar los primeros 50 millones de dólares para los gastos de la plataforma y la movilidad de la Policía Nacional, que para cumplir con su labor de preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana sería dotada de 300 vehículos, 500 motocicletas, ambulancias, helicópteros y hasta lanchas.

El 911 es un servicio de vital importancia, que se utiliza sólo para emergencias y gracia al cual se han evitado crímenes, tragedias y se han salvado muchas vidas. A diferencia de otros tiempos, ya la tecnología permite detectar y proceder contra los responsables de bromas o llamadas molestosas.

Gravar la empresa telefónica no fue la única opción que se contempló. También se barajó elevar el impuesto a los seguros de vehículos para financiar el sistema. El alegato de los congresistas que estudiaron el proyecto era que ningún servicio funciona sin recursos, pero sin dar la menor muestra de sacrificio.

La decisión del Gobierno de asumir los gastos es sensata y saludable. Por un lado, porque es su responsabilidad todo lo que tenga que ver con la seguridad ciudadana, y, por el otro, porque la ciudadanía está hastiada de una carga impositiva que contrasta con la deficiencia y deterioro de los principales servicios públicos.