Una mentada Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que en República Dominicana se producen deportaciones sumarias de ciudadanos extranjeros y nativos atendiendo a sus características fenotípicas o por el color más oscuro de la piel, por lo que reclama que una corte supranacional obligue al Gobierno a reconocer públicamente que ha violado derechos y a erradicar tipos de controles migratorios basados en perfiles raciales.

Esa comisión, que se dice dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sugiere que en vez de repatriar a indocumentados, las autoridades nacionales deberían permitir el regreso de los expulsados, proveerlos de nacionalidad dominicana y pagar una indemnización a las víctimas.

De nuevo, el Estado será sometido por ante la Corte Interamericana bajo la acusación de que expulsó a 27 personas, incluidos diez menores por la sola razón de que poseían rasgos fenotípicos o un color más oscuro, como si la fisionomía en la población dominicana fuera compatible con el ADN de la raza aria.

Tan burda acusación coincide con la intención del Gobierno dominicano de aplicar el reglamento de la Ley de Inmigración que incluye la nacionalización del empleo y efectivo control migratorio en la frontera, medidas cautelares que se aplican en todas las naciones del continente que administran fronteras terrestres.

A reservas de poder establecer si las autoridades de Migración incurrieron en exceso al proceder a deportar a extranjeros indocumentados, la acusación de racista que vierte esa mentada comisión al Estado dominicano es absolutamente inaceptable por burda, mentirosa, carente de asidero jurídico y porque tiene la etiqueta de chantaje.

Esa gente sabe que el Gobierno dominicano ha sido solidario, generoso, comprensivo y respetuoso frente a sus vecinos, lo que ha llevado a aplicar una dilatada política de tolerancia de la migración ilegal, sin que la inmensa población haitiana que pernocta al lado este de la isla sufra ningún tipo de persecución u hostigamiento basado en prejuicios raciales o por razones de poseer piel más oscura.

No se niega la posibilidad de que se produzcan casos aislados de abusos en que incurren autoridades contra ciudadanos haitianos, dominicanos o de cualquier otra nacionalidad, como ocurre en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España y en muchas otras partes, cuya sanción está prevista en los ordenamientos jurídicos nacionales.

La Cancillería dominicana está en la obligación de rechazar con todo vigor esta nueva embestida de comisiones foráneas sin calidad moral para pretender manchar el honor de una nación libre, soberana e independiente, cuando no han tenido escrúpulos ni valor para afrontar violaciones de tintes raciales a derechos humanos en Estados Unidos y de carácter político en Centroamérica.