Alguna información o evidencia relevante deben tener el ministro de Interior y el jefe de la Policía que avalen su denuncia de que República Dominicana es objeto de una campaña de descrédito impulsada por organizaciones nacionales e internacionales cuyos nombres los denunciantes no revelan.

El ministro José Ramón Fadul admite no poder identificar a las entidades que supuestamente pretenden dañar la imagen del país, pero alega que en esa campaña se usan temas relacionados por violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Nacional.

No es común que el ministro Fadul y el jefe policial, mayor general José Armando Polanco Gómez, convoquen a una rueda de prensa para denunciar que instituciones nativas y foráneas se han confabulado en una campaña de descrédito contra la República, denuncia muy grave con escaso fardo probatorio.

Si bien la Policía no es el órgano usado para reprimir a la población por motivos políticos ni tampoco constituye un ente desde donde se planifica y ejecutan violaciones a derechos ciudadanos, debe admitirse que en esa institución todavía anida gente vinculada al crimen y que perpetra abusos contra ciudadanos.

Se reconoce el esfuerzo de la actual jefatura policial por evitar que sus miembros infrinjan la ley y modernizar la institución de acuerdo a los parámetros de auxiliar del Ministerio Público y guardián del orden público, pero sus autoridades, incluido al ministro de Interior, deben admitir que todavía padece de serias debilidades que deben ser corregidas.

Es menester resaltar que durante el proceso de modernización y depuración de la Policía han sido expulsados más de diez mil miembros en los últimos cuatro anos, señal de voluntad política de adecentarla y colocarla a la vanguardia en la protección de los derechos humanos.

La mejor forma de proteger al país ante la supuesta campaña de descrédito denunciada por el ministro de Interior y el jefe de la Policía sería que los propios denunciantes y el Gobierno aceleren el proceso de modernización de la institución y creen las condiciones materiales y de ley para que en ese cuerpo no se aniden delincuentes.

Se acoge con preocupación la señalada denuncia, pero se hace constar que carece de suficientes evidencias y que la mejor forma de anular sus efectos de descrédito es que la Policía nunca se aparte de su obligación de respetar los derechos ciudadanos y prevenir y perseguir la comisión de crímenes y delitos.