Sin pretender invalidar el tardío esfuerzo oficial por aplicar añejas leyes migratorias, la orden departamental de impedir el ingreso a las escuelas de hijos de indocumentados constituye una medida inoportuna que viola acuerdos internacionales referidos a la protección de los menores en situación de vulnerabilidad.

Conforme a la nueva Constitución en vigencia desde el 26 de enero de 2010, las convenciones internacionales que suscribe el Estado con anuencia del Congreso Nacional tienen rango sustantivo, por lo que ninguna legislación adjetiva le es oponible, en términos jerárquicos.

El derecho de los menores a la protección del Estado es un principio universal asimilado por todas las naciones que se precian de civilizadas, sin menoscabo de que el Estado pueda hacer uso de su prerrogativa de deportar o repatriar a ciudadanos extranjeros que residan en su territorio en condiciones de ilegalidad.

Mientras esa medida no se aplique, y en virtud de la normativa internacional, las autoridades están compelidas a admitir a hijos de extranjeros en el sistema de educación básica, no así, por ejemplo, en los servicios de educación secundaria y universitaria, que requerirían de los permisos migratorios o visas de estudiantes.

Conforme al derecho, el Ministerio Público funge como tutor de los menores, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, por lo que debe velar para que no sufra los efectos de exclusión, marginalidad, explotación laboral o maltrato físico.

Más que impedir que esos niños accedan a la escuela, la Dirección de Migración debería ampliar controles para que la franja fronteriza no siga abierta de par en par o proveer de documentos a ciudadanos haitianos residentes aquí y proceder a ordenadas repatriaciones de indocumentados, con absoluto respeto a los derechos humanos.

El hecho de que República Dominicana siga sometida al chantaje de metrópolis y sectores nacionales para que nunca se aplique la Ley General de Migración, no valida un evidente exceso de las autoridades como ha sido la emisión de una circular en la que se advierte al Ministerio de Educación abstenerse de inscribir en las escuelas a niños hijos de indocumentados.

Esa medida es a todas luces inoportuna, porque involucra a niños, niñas y adolescentes, colisiona con acuerdos internacionales y con la Constitución política y porque en nada resuelve el problema.