El demoledor informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones ha tenido el silencio como respuesta. El Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral y los partidos han callado, como si fueran ajenos a la compra de votos, la distribución de dádivas, la intervención del Gobierno en el proceso y otras irregularidades en el proceso citadas por la OEA. El civismo que se observó no está en discusión. En su informe la OEA se queja de que las irregularidades no se hayan corregido y demanda acciones para fortalecer el certamen electoral. A pesar de aludir de una forma u otra a distintas instancias el silencio ha sido sepulcral. La OEA, que envió unos cuantos observadores por el problema del coronavirus, pudo percatarse de prácticas que no apreciaron los actores del proceso. Dice el informe que la compra de votos, la entrega de dádivas y la participación política gubernamental “son actividades que generan inequidad y que sucedieron a la luz de la debilidad institucional de la fiscalía electoral, que carece de mecanismos legales, financieros y humanos para poder hacer frente a estas conductas”. Más claro ni el agua.