El director de Migración ha sugerido que República Dominicana retire su membresía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque esa instancia persiste en involucrarse en asuntos de dominio reservado a los Estados, como la nacionalidad o el tema migratorio.

Como ejemplo de extralimitación de funciones, el licenciado José Ricardo Taveras cita que esa Corte se declaró competente para conocer el caso de seis haitianos y un dominicano muerto a tiros por militares en el municipio de Guayubín, cuya investigación y establecimiento de responsabilidades corresponde a las autoridades dominicanas.

Ese funcionario ha puesto el índice sobre la llaga de un mal mayor que nunca ha sido abordado con la responsabilidad que requiere o que ha estado cubierto por densa neblina de chantaje o excesiva presión política sobre la República para que dispense a los temas de nacionalidad e inmigración tratamiento conforme a intereses de grandes metrópolis.

Si en torno a algún tema debería producirse una auténtica unificación de criterios de todos los sectores sensatos de la sociedad, ese tendría que ser la defensa irreductible de la nacionalidad que ha de expresarse de manera particular en el control soberano de la migración.

Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otra jurisdicción internacional se apropia del derecho de estatuir sobre asuntos relacionados con la soberanía o cualquier otro aspecto reservado al Estado, entonces no hay razón para que la República se someta a esos designios.

En ningún modo se pretende sugerir que el ente nacional se aparte de la tutela supranacional en materia de derechos humanos, pero resulta absolutamente inaceptable que las autoridades cedan el control de aspectos esenciales como las prerrogativas de estatuir sobre migración y justicia.

Estados Unidos no reconoce a la CIDH, Corte Internacional ni ninguna otra jurisdicción que vele por garantía o preservación de derechos inalienables o que persiga crímenes de lesa humanidad, a pesar de lo cual esa nación nunca ha sido considerada como un Estado paria.

Por todo lo antes expuesto, la sugerencia del director de Migración, de que República Dominicana considere su retiro de esa Corte es válido, aunque requiera de una consideración más profunda en términos de beneficio o perjuicio, pero es menester advertir que es obligación del Estado defender y preservar los sagrados principios de soberanía y nacionalidad.