El presupuesto complementario ha evidenciado la sumisión del Congreso, a propósito muy costoso, con la decisión de esperar el retorno del presidente Leonel Fernández de su gira por Europa para plantearle supuestas incongruencias en torno a la pieza. La independencia de los poderes que consagra la Constitución se reduce, con esa actitud, al plano única y exclusivamente de la teoría.

El impasse no está en las cuestionables partidas que contiene el proyecto, entre los que pueden citarse los 300 millones de pesos adicionales para el propio Congreso, los alrededor de 1,200 para el Ministerio de Relaciones Exteriores, los ocho millones para la cartera de Economía y Planificación o los más de ocho mil para la Presidencia de la República. Y ni siquiera en las mismas razones de la pieza.

El asunto está en la sospecha velada que despierta el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo incorporar al presupuesto, a través de modificaciones, los gastos en que incurran las unidades ejecutoras con cargos a desembolsos de préstamos aprobados por el Congreso. Sin embargo, los legisladores no se atreven a tomar ninguna decisión al respecto sin contar con la anuencia del Presidente de la República.

El conflicto que se ha presentado con el proyecto retrata de cuerpo entero la dependencia de un poder que, por esa misma sumisión, ha sido incapaz de analizar las escandalosas irregularidades y deficiencias, entre las que figuran gastos no detallados e ingresos no registrados, que dijo la Cámara de Cuentas haber encontrado en la ejecución presupuestaria de 2011.

Para colmo de males, la comisión que estudia el proyecto se ha quejado de que ni siquiera el ministro de Hacienda ha obtemperado su llamado para aclarar algunos puntos. Y es que el cuerpo legislativo ha caído en tan irritante grado de sumisión que ni siquiera se atreve a interpelar a un funcionario para no exponerse. Es lo que está a la vista.

Esos congresistas han tenido el tupé, sin embargo, de presentar como un logro que el Gobierno accediera a eliminar un préstamo por más de 1,600 millones de dólares que sería concertado para obras de infraestructura. Lo censurable del empréstito no es que se contrate durante la transición, sino que eleva el endeudamiento público para la ejecución de proyectos no presupuestados.

En uno de esos ridículos actos de patriotismo hay congresistas que se han rebelado contra los 500 millones de dólares en bonos para subsidiar el sector eléctrico. Si bien se trata de un servicio costoso y deficiente, los legisladores deben reclamar al Ejecutivo que transparente la tarifa e incluso que se cobre el suministro de energía a los grandes consumidores para evitar las odiosas subvenciones.

En la actual coyuntura lo más saludable sería que el Congreso asuma su papel con responsabilidad, sin olvidar que es un ente independiente y no una caja de resonancia del Ejecutivo, como de nuevo ha evidenciado con el polémico presupuesto complementario para corregir el déficit en que se incurrió para garantizar los resultados de las pasadas elecciones.