La gente no escoge los temas sobre los cuales se habla. Se trata de aspectos impuestos por los medios de comunicación y los influenciadores de redes. Los sometimientos, por difamación e injuria, contra Claudia Pérez (La Tora), Ingrid Jorge (La Torita) y Ángel Martínez no son acontecimientos de relevancia para ocupar los espacios periodísticos, al menos que haya una intención marcada de entretenimiento.

Aún más: se ha creado un alboroto con las recientes declaraciones de Quirino Ernesto Paulino, donde reitera acusación a Leonel Fernández, de que le debe más de 200 millones de pesos.

De ser cierto, lo que procede es que Paulino formalice una querella contra el líder político y no insistir con una vieja narrativa, motivo para pensar que se trata de algo deliberado (alguien detrás), tratándose de un sujeto que suele mantener bajo perfil.

De todos modos, Quirino es noticia, como lo es todo lo inherente al caso haitiano, que tiene años en la palestra, muy posiblemente bajo el interés gubernamental, que busca responsabilidad colectiva, al sumarse a los líderes opositores y a los empresarios.

La verdad que ya pocos hablan sobre la tragedia del Jet Set, porque se apostó a que se diluya con otros temas más el paso del tiempo. Y el Ministerio Público nada pudo hacer, aunque quiso responder al clamor de justicia en torno a una desgracia de casi240 personas muertas.

Hay dos temas que irritan al presidente de la República. Uno: los 775 millones dólares recibidos por concepto del renegociado contrato de Aerodom. Y dos: el festival de empréstitos que han elevado por las nubes la deuda externa.

El Gobierno no ha tenido respuesta satisfactoria respecto a los 775 millones, porque las obras anunciadas a construir no se hicieron, aunque nadie puede sostener malversación, partiendo del principio de presunción de inocencia. Además, históricamente, en nuestro país, la corrupción pública se conoce cuando se abandona el poder.

El PLD tuvo que salir para que se conozcan casos que lo desacreditaron y redujeron su aprobación, al extremo de bajar 28 puntos del 2020 al 2024.

En lo referente a la deuda externa, los dominicanos tienen derecho a exigir respuesta sobre el destino que se le da al dinero que toma el Estado.

Las inversiones en obras son escasas en todo el país, por lo que resulta preocupante que de forma regular las cámaras legislativas estén aprobando empréstitos para completar un presupuesto deficitario, destinado a gastos corrientes, sobre todo a una nómina pública cada vez mayor.

(El déficit fiscal pudo corregirse, sencillamente, cobrándoles el impuesto sobre la renta a los empresarios que no pagan ese gravamen, pero el presidente no contempló esa posibilidad y ante la amenaza de protesta popular optó por retirar el Proyecto de Reforma).

Los legisladores dominicanos estarían representando mucho mejor si exigieran obras para sus comunidades y fiscalizaran los recursos del contribuyente, prerrogativas establecidas en el Artículo 93 de la Constitución. Los dominicanos necesitamos saber que se hace con nuestro dinero.