El asesinato anoche en el residencial Eugenio María de Hostos, de la provincia Santo Domingo de fiscal adjunta del Distrito Nacional constituye un hecho consternante que hace temer que la criminalidad ha ingresado en una nueva fase en la cual se atenta ya contra la vida autoridades del Ministerio Público.

La magistrada Odalisa Reyes Díaz, de 31 años, fue ultimada de un balazo cuando retornaba a su residencia después de comprar una pizza cerca del lugar donde cayó abatida de un disparo hecho por uno de dos desconocidos que la interceptaron junto a un sargento de la Policía que fungía como su custodio.

Llama la atención que en el lugar de la tragedia se encontraron 14 casquillos de bala, uno de los cuales corresponde al arma que portaba el sub oficial, por lo que Fiscalía y Policía deberán profundizar las investigaciones hasta poder precisar las circunstancias en que fue muerta la joven profesional.

Las primeras versiones señalan que los desconocidos dispararon al menos trece veces, en razón de que uno solo de los casquillos corresponde al arma del sargento que custodiaba a la fiscal asesinada que sufrió el impacto de un balazo con salida en la región dorsal derecha.

Cualquiera que haya siso la circunstancia en que se haya cometido, ese abominable crimen se erige como un reto de la delincuencia que las autoridades no deben obviar, pues con este hecho se pretende abrir compuertas hacia un estado de inseguridad generalizada donde los delincuentes incluyan a jueces, fiscales y policía entre sus blancos.

Sin pretender incurrir en ningún tipo de prejuicios, se advierte que las autoridades están en obligación de despejar cuanto antes la humareda de confusión que rodea el asesinato de la magistrada Reyes Díaz, como el hecho de que en el lugar de la tragedia se registraron 14 disparos y solo uno atribuido al sargento que la custodiaba.

Se resalta que Reyes Díaz había acumulado experiencia como fiscal, al prestar servicios en los distritos judiciales de Monte Plata, Santo Domingo Este y Distrito Nacional, donde llevaba ocho meses de labor, por lo que no debería descartarse que la comisión de ese crimen pueda estar relacionado con las funciones que ejerció.

Al consignar el ferviente reclamo de que las autoridades identifiquen cuanto antes a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la magistrada Odalisa, se insiste en señalar que este homicidio consolida aun más el temor ciudadano de que la criminalidad se convierta ya en flajelo sin control.