Terminamos el año con el feminicidio de Sheryl Javier Varela, en Hato Mayor el 28 de diciembre pasado, de unos 30 años, y el suicidio de quien la mató infiriéndole varias heridas con arma de fuego, y empezamos el 2026, con el de Rosmery Sosa, en Gualey, el 2 de enero, de 29 años, madre de tres niños que hoy son huérfanos, y cuyo presunto feminicida se entregó a las autoridades después del hecho.
La violencia contra las mujeres y las niñas se presiente como el gran reto siempre pendiente en nuestro país emblemáticamente empezado con el primer parto del año de una adolescente de 14 años, y este feminicidio.
Aquí, donde las cifras reales se blanquean y son altas, la violencia de género es fruto de la desigualdad y evidencia a nuestra democracia como una mueca que niega la ciudadanía debida a las mujeres, una realidad que no se reconoce ni admite social y políticamente manteniéndola invisible.
Nuestra cultura discriminadora desde las religiones establece esa violencia como tradicional, la legitima y reproduce justificándola, escondiéndola oficialmente, ignorándola a partir de una estructura que la valida día a día, sin importar consecuencias y, lo peor, con el cinismo de firmas acuerdos, anuncios de planes que nunca se cumplen y consolidan las prácticas.
Nos hemos concentrado en el esfuerzo de respuestas y servicios por los efectos de estas violencias y, sin repetir cifras, sabemos que estos delitos concentran el mayor requerimiento en la justicia, con grandes limitaciones y desconocimiento, sin embargo, el Estado no invierte en la prevención.
Y para prevenir se deben tratar sus orígenes y causas estructurales, es decir, comenzar desde las primeras etapas de la educación de niños y niñas promoviendo relaciones de respeto y de igualdad entre las personas para cambiar esta historia. Y no estamos modificando los modelos de comportamiento aprendidos, por eso, no cambiamos.
Y el feminicidio es el último resultado de la violencia contra las mujeres que, solo por ser mujeres, mueren en una cultura y sociedad que lo permite insensiblemente sin que la sociedad entera reaccione junto a las instituciones y el gobierno.
No es algo baladí: el mundo en que vivíamos cambió desde el pasado sábado 3 de enero cuando el mandatario del país imperialista hegemónico decidió, asaltando a Venezuela, que el derecho internacional es una entelequia.
Lo vimos desde Gaza y no hicimos nada que no fuera protestar y hablar en estos últimos años.
¿Entonces, vamos a seguir hablando y lamentado o vamos a actuar?

