POR: Luis Pérez Casanova
l.casanova@elnacional.com.do
Tal vez, hasta que alguien se lo observó, el director de Migración desconocía que había incurrido en una falta de respeto al Presidente de la República con su petición de que no se humille y mantenga su coherencia frente al caso haitiano en defensa de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. Como si la soberbia no formara parte de su personalidad, ahora, en lugar de retractarse, apela a la clásica malinterpretación de parte de los medios que reseñaron sus declaraciones, incluidos El Nacional.
Si desde un primer momento se hubiera explorado la salida humana y legal que planteó el presidente Danilo Medina sobre la deplorable sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la solución a que se comprometió el Gobierno, después de candentes presiones de organismos internacionales, no representara un trago tan amargo como, por más que se patalée e invoque el pensamiento de Juan Pablo Duarte, habrá que digerir por un pleito en el que solo la soberbia ignora que se tienen todas las de perder.
No son el Caricom y Amnistía Internacional los únicos que insisten -tal vez con una vehemencia que irrite- en una rápida solución a las desnacionalizaciones que implica el fatídico fallo judicial, sino potencias como Estados Unidos y entidades como la Unión Europea. Porque desarraigar personas de su nacionalidad raya en la limpieza étnica, un crimen de lesa humanidad.
Desde un principio el Presidente se decantó por el camino más sensato, pero la volcánica irrupción de un envalentonado nacionalismo, que suele asomar ante todo lo que se relaciona con Haití, no solo bloqueó la salida, sino que ha puesto el país en las cuatro esquinas y al Ejecutivo en una encrucijada.
¿Qué atenta más contra la soberanía: que se reconozca el estatuto de los miles de descendientes de haitianos que han nacido y vivido aquí desde hace décadas o el endeudamiento, que hoy representa un 48% del PIB (Producto Interno Bruto)? Sin embargo, los nacionalistas, que saben el precio que se ha tenido que pagar ni siquiera se han inmutado por créditos que ya preocupan hasta a los propios prestamistas. Lo que para ellos atenta contra la independencia y la libre autodeterminación es reconocer como dominicanos a esos descendientes de haitianos que, como Juliana Deguis, han nacido y vivido aquí por décadas.
Antes que exponerse al rechazo y mássanciones de organismos internacionales por violación de los derechos humanos, el Gobierno tendrá que explorar la salida a que se comprometió durante la histórica cumbre del Celac, en La Habana. Un trago amargo para patriotas como el director de Migración que la considerarán como una humillación ante el caso haitiano, que es lo que le duele y molesta.

