Ante el desafío en que ha devenido la crisis eléctrica, que tiene en la implacable tanda de apagones su expresión más concreta, el Gobierno ha optado por el incremento de la generación a través de la instalación de dos plantas a carbón de 300 megavatios cada una. La decisión, cuestionada por algunos sectores y aplaudida por otros, no supone una respuesta a corto plazo para un problema que, por sus múltiples ingredientes, se ha tornado en extremo complejo.

La licitación nacional e internacional para la construcción de las plantas representa por lo menos un paso importante, que evidencia que el presidente Danilo Medina y el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, no han estado de brazos cruzados ante una crisis que irrita a la población, conspira contra el comercio y la competitividad y espanta la inversión extranjera. Tal vez no sea la mejor opción, pero algo había que hacer para avanzar en la solución del problema.

La iniciativa, empero, resulta alentadora si las dos plantas garantizan no sólo un incremento del suministro de electricidad, sino una reducción de la astronómica tarifa actual y, consecuentemente, del subsidio al sector en unos 500 millones de dólares al año. Los expertos destacan también que el carbón, cuyo precio se ha mantenido estable en los mercados internacionales, es el combustible fósil del cual depende un 27% de la matriz energética mundial.

En tanto renegocia unos contratos leoninos y busca la forma de hacer más eficiente las recaudaciones, también hay que aumentar y abaratar una oferta que contrasta con la dimensión del consumo. Las plantas a carbón, que se dijo tendrían el beneplácito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) siempre que su tecnología sea la más adecuada para reducir la emisión de gases, constituyen, sin duda, un paso para tomar el toro por los cuernos.

Socorro

El caso de Socorro Castellanos, golpeada ayer en la mañana en la cabeza durante un atraco cuando caminaba por la Fantino Falco, de Naco, es uno de los muchos que sintetizan la dimensión de la inseguridad ciudadana que prima en el territorio. Aunque la inmensa mayoría no trascienda a la opinión pública.

El suceso que afectó a la productora de televisión y consejera en Cuba representa otro signo sobre la necesidad de acelerar el Plan de Seguridad Ciudadana, el cual forma parte del proyecto para reformar la Policía, a fin de por lo menos reducir la criminalidad y la delincuencia que, de una forma u otra, diariamente cobran nuevas víctimas.

No se puede esperar más.