La huelga de 48 horas convocada a partir de hoy en las 14 provincias del Cibao por una coalición de organizaciones populares representa una dura prueba tanto para sus promotores como para las propias autoridades.

No por casualidad se ha elegido para la convocatoria una fecha tan emblemática como el 24 de abril, en que se conmemora el inicio de la revuelta de 1965 en reclamo del retorno al poder del profesor Juan Bosch, depuesto a través de un golpe de Estado en septiembre de 1963.

El Gobierno, tras tímidos llamados al diálogo, ha optado por la militarización, sobre todo de San Francisco de Macorís, Licey al Medio, Navarrete y barrios de Santiago para prevenir disturbios. Los convocantes fundamentan su llamado en que el Gobierno todavía no ha cumplido con la ejecución de obras a que se había comprometido hace un año. Transportistas, comerciantes y otros sectores han rechazado el paro de labores.

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El fracaso de la huelga, como se prevé por la carencia de ambiente, no representa necesariamente un triunfo para las autoridades. Pero los dirigentes de las organizaciones populares y los sectores que respaldan el paro tendrán que revisar su estrategia para debilitar al Gobierno.

Al margen de los resultados es fundamental la protección de la seguridad ciudadana y del orden público, pues se ha visto que los movimientos son aprovechados para provocar confrontaciones y desmanes.