Los parques y otros espacios públicos de Santo Domingo han quedado a merced de delincuentes que cargan con todas las bombillas, desmantelan bustos, estatuas y verjas y roban todo lo que sea metal, sin que ninguna autoridad ponga coto a ese vandalismo rampante.

Los casos más recientes de la Plaza Mauricio Báez, en el barrio de Villa Juana y el parque Braulio Alvarez, de Villa Consuelo, donde vándalos se robaron todo lo que era posible sustraer, constituyen acciones de abuso contra la ciudadanía y burla a la Policía, pues ofrecen la clara percepción de que aquí no hay forma de imponer orden.

Ya antes, bandas organizadas han desmantelado estructuras esenciales de los puentes Duarte y Haina y robado la mayoría de las tapas metálicas de alcantarillas, parte de los enverjados del Conservatorio Nacional de Música y los parques Zoológico y Botánico, así como las bombillas del malecón.

El alcalde del Distrito, Roberto Salcedo, deplora tales actos de vandalismo, pero admite que el Ayuntamiento carece de personal suficiente para custodiar parques y plazas, algo que tampoco la Policía puede afrontar, por lo que esas áreas deberían ser declaradas patrimonio de los delincuentes.

Justicia y Ministerio Publico carecen de voluntad para perseguir y castigar a las bandas que desmantelan los espacios públicos, como lo demuestra la libertad sin cargos ni coerción a favor de un grupo de individuos acusados de almacenar en una residencia decenas de tapas de alcantarillas robadas en la zona colonial.

La mayoría de los parques y áreas verdes, otrora lugares de recreación y esparcimiento familiar, se han convertido hoy en escondrijos de delincuentes y rateros que amparados en la más abyecta impunidad han desalojado a los ciudadanos de sus legítimos espacios.

Policía Nacional ni las municipales o ninguna de las muchas agencias de inteligencia estatal han podido afrontar la ola de delincuencia que desmantela parques, plazas, puentes, verjas y avenidas, por lo que quizás sea conveniente que esa manifiesta incapacidad sea suplida por propios vecinos que se encarguen de cuidar bienes públicos e integridad familiar.

Que no se hable de orden, sosiego ni de derechos ciudadanos, en un país donde ladrones roban a sus anchas en propiedades y vías públicas, en las narices de las autoridades sin que policías, fiscales ni jueces se atrevan siquiera a cumplir con su deber.