El cierre o disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) implicaría una amnistía encubierta por más de 300 mil millones de pesos a favor de los empresarios evasores de la ley 18-96, que por décadas no pagaron cotizaciones, lo que afectó el servicio de salud y pensiones a los trabajadores, afirmó este lunes la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, consideró que el Gobierno antes de eliminar el IDDS, debe aclarar las deudas pendientes de los empresarios con esa entidad, “a menos que exista un acuerdo con los patronos que desconocen los trabajadores”.
Advirtió que la CNTD no se quedará de brazos cruzados y se propone realizar movilizaciones en todo el país, “para protestar por una medida que afectará a millares de dominicanos que reciben atenciones médicas y que por décadas tenían garantizado ese servicio”.
“No le corresponde al Gobierno realizar amnistías encubiertas que afectan los derechos de los trabajadores y premian a los empresarios que deben pagar el pasivo actuarial de la reforma que realizamos en el año 2001 mediante la ley 87-01”, dijo.
Observó que si se pretende una nueva reforma a la seguridad social que incluya la disolución del IDSS, se debe obligar a los empresarios evasores que adeudan un pasivo actuarial conforme lo dispone la ley 87-01, que paguen la deuda para que el trabajador no sea siempre la víctima de las reformas.
El presidente de la CNTD subrayó que pese a que la ley de seguridad social establece en su artículo 42 sobre la deuda actuarial del sector empleador con el IDSS y sus formas de pago, nunca la han cumplido, lo que implica que desde hace 18 años los empresarios se han colocado por encima de la ley en perjuicio de los trabajadores.
Apuntó que el párrafo 11 de ese artículo dice que “en un plazo no mayor 90 días a partir de la vigencia de la presente ley, el IDSS notificará legalmente a los empleadores con deudas atrasadas con el régimen de pensiones de la ley 18-96, y les otorgará un plazo de 30 días a partir del día siguiente de dicha notificación para cubrirla totalmente sin penalidad ni recargos.
En su defecto, el empleador podrá firmar convenios de pago mensuales durante un límite de seis meses pagando una tasa de interés del tres por ciento (3%) mensual sobre el saldo insoluto. Estos recursos serán destinados a cubrir parte del pasivo actuarial e invertidos para fines de acumulación”.
“Pese a esas violaciones de los empresarios, ahora el Gobierno pretende premiarlos con una amnistía fiscal, lo que sería como una invitación a continuar con su práctica de irrespetar las leyes, como lo hicieron durante más de 70 años con el IDSS”.
