Por algún designio del destino, o por desbordadas presiones, no ha sido nunca posible retornar a los cuarteles a miles de militares y policías asignados a labores de escoltas o de servicios domésticos en favor de funcionarios, empresarios o de civiles, por lo que esta vez prevalece la esperanza de que el Gobierno conjure esa vergonzosa práctica.

El ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, ha dicho que al presidente Danilo Medina le preocupa la gran cantidad de efectivos que cuidan a funcionarios, por lo que ordenó revisar la situación a los fines de que guardias y policías estén en lugares que les corresponda.

Desde hace muchos años se ha vuelto costumbre que decenas, centenares, quizás miles de oficiales, clases y alistados sirvan como custodia, choferes, vigilantes hogareños, encargados de finca, gerentes o empleados de negocios particulares o en otras labores impropias de sus uniformes.

Se sabe de decenas de casos de funcionarios de tercera categoría que disponen de más guardias y policías que familiares o amigos, como si la misión de las Fuerzas Armadas y de la Policía fuera la de servir a esos particulares y no la de defender la soberanía nacional y el orden público.

Aunque el almirante Pared Pérez ha dicho que elabora un plan para lograr que cada policía o militar preste servicio en el lugar adecuado, ha advertido que el presidente Medina tendrá la última palabra al respecto, por lo que debe señalarse que sobre el mandatario recae la responsabilidad de resolver tan penosa situación.

Resulta absolutamente inaceptable que un servidor público se apropie literalmente de un contingente militar o policial para pasear por la ciudad o distribuirlo entre familias y allegados en labores que incluyen llevar niños a la escuela o acarrear carritos de supermercado.

El retorno a sus cuarteles de la mayoría de esos efectivos, encaja muy bien con el programa de austeridad y reajuste ético que ha emprendido el Gobierno, como también debe advertirse que mantener esa ignominia restaría calidad moral al Ejecutivo para hablar de orden y transparencia.

Las Fuerzas Armadas, además de su misión de custodiar la integridad territorial, puede participar en programas de desarrollo social o comunitario, vinculado al medio ambiente, educación, salud, migración y acción cívica y extensión cultural comunitaria, pero nunca fungir como lazarillo de la vanidad de ningún funcionario o civil influyente.