El Gobierno incurriría en torpeza mayor si permite que la sinrazón suya o ajena convierta el conocimiento en el Congreso del Proyecto de Presupuesto Nacional y Ley de Gastos Públicos en piedra de discordia y no en peña de consenso.
Esa ley constituye el instrumento básico del Estado, Gobierno y sociedad para promover crecimiento económico e impulsar desarrollo social, por lo que su contenido y distribución debe reflejar necesidades colectivas.
Es obvio que ningún sector social, político o económico puede pretender imponer un punto de vista unilateral o excluyente en torno a la conformación de la Ley de Gastos Públicos, ni nadie aspirar a lo imposible.
Temas como el reclamo de fijar una partida igual al cuatro por ciento del PIB, del financiamiento de la presa de Monte Blanco, más recursos para Salud Pública y viviendas dominan las discusiones en torno al diseño del Presupuesto Nacional, sin que ninguno de los actores procure mercadear racionalidad o sensatez.
Se sabe que el Presupuesto de 2011 no será nada holgado, pues el nivel de financiamiento se redujo de 115 mil a 96 mil millones, además de la imposición de partidas fijas por 28 mil millones de pesos para la recapitalización del Banco Central y la reducción del agobiante déficit del sector eléctrico.
También es de conocimiento general que el Fondo Monetario Internacional exige que el déficit fiscal para el año entrante se reduzca de 2.4 a 1.6 por ciento del PIB, lo que significa un drástico recorte a la capacidad de endeudamiento del Gobierno.
Aun así, los 390 mil millones de pesos fijados como ingreso para 2011 deben ser distribuidos con la misma vocación de justicia y equidad como lo hizo Jesús con el vino, los peces y los panes.
Al Gobierno se le reclama no abusar de su mayoría congresional para imponer un tipo de Presupuesto Nacional que castre el deseo de la población de participar como socio activo en todas las gestiones de desarrollo.
Es menester exigir también a los mentados poderes fácticos que no cultiven desmesurado sectarismo que en las más de las veces oculta excesivas ambiciones económicas o políticas de ciertos grupos.

