La tragedia acaecida ayer en el cruce de Sainaguá, San Cristóbal, era previsible y evitable, pero las autoridades no prestaron atención a las advertencias de que lo peor ocurriría si no intervenían en los pleitos entre grupos de choferes por el control de rutas de guaguas desde y hacia la región Sur, que ya había dejado saldo de numerosos heridos de balas, piedras, machetes y garrotes, así como decenas de vehículos con cristales destruidos.

Dos personas murieron y otra resultó herida en enfrentamiento a balazos entre bandas armadas de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y de la Confederación Nacional de Transporte (Conatra), una balacera que, por su intensidad y duración pudo causar un mayor número de muertos y heridos.

En vez de enfrentar las cotidianas acciones de salvajismo que protagonizan esos antisociales, Policía y Ministerio Público optaron por mediar entre clanes mafiosos que virtualmente han tomado comando de la autopista 6 de Noviembre y de la mayoría de las paradas de buses en municipios de San Cristóbal y Baní, donde se han convertido en ley, batuta y constitución.

Esa gente detiene guaguas públicas repletas de pasajeros a los que desmontan por la fuerza para luego agredir a tiros, piedras o con machetes a choferes y cobradores, sin que ninguno de esos rufianes haya sido detenido ni mucho menos sometido a la justicia.

Esa desgracia ha sucedido por la carencia de autoridad, falta de voluntad o temor en frenar las acciones de terror perpetradas por esas bandas que han puesto a miles de ciudadanos indefensos en peligro de perder la vida o de resultar gravemente heridos por el solo hecho de abordar un autobús público.

El saldo de dos muertos y un herido en una de las frecuentes balaceras protagonizadas por grupos incontrolables al servicio de mafias del transporte, ha sido como muchas otras que ocurrirían sabe Dios cuando, si las autoridades persisten en la irresponsabilidad y cobardía de no enfrentar a esas bandas de delincuentes que azotan carreteras y comunidades.

En varias notas editoriales, El Nacional ha reclamado sin éxito a la Policía y al Ministerio Público que protejan a la gente de esas bandas armadas que imponen terror en las carreteras.

Ahora que dos personas han caído abatidas a manos de esos truhanes, sólo queda aconsejar a los ciudadanos que encomienden sus vidas a Dios, porque aquí parece que no hay voluntad ni valor.