Con el rechazo del Senado a la modificación del Proyecto de ley de regulación salarial que liberaría al Congreso de los alcances restrictivos de ese estatuto, el Congreso de la República recupera su cordura y despeja el ambiente de frustración e indignación que produjo esa iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados.

El controvertido proyecto de ley retorna a la Cámara Baja en la esperanza de que los legisladores acojan al rechazo a un infeliz párrafo que convertía al Poder Legislativo en un paraíso de beneficios salariales por gestión, mientras el resto de los mortales deberían acogerse a severas restricciones.

Esa Ley de Salarios no tendría el propósito de confrontar el precepto constitucional que refiere que no es posible legislar en provecho propio con el que se garantiza la separación de poderes; más bien su finalidad sería conjurar una situación de anarquía en el régimen salarial del Estado, que afecta también a instituciones cubiertas por mantos de autonomía.

Se resalta que el Senado rechazó a unanimidad la modificación insertada por la Cámara de Diputados al referido estatuto, lo que hace suponer que los senadores reaccionaron en dirección correcta ante el rechazo ciudadano a lo que puede definirse como puñalada trapera inferida a la debilitada institucionalidad.

Ese controvertido proyecto de ley que ha sido objeto de tan amplia discusión en diversos nichos oficiales, empresariales, políticos y sociales, quedó enredado en telaraña de intereses de legisladores que pregonan transparencia pero insisten en que sus privilegios no sean tocados ni con el pétalo de una rosa.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha dicho que esa pieza sería convertida en ley el lunes, queda latente la preocupación ciudadana de que en ese hemiciclo se empleen subterfugios burocráticos para hacerla perimir, lo que causaría mayor daño que el extravagante injerto rechazado en el Senado.

El Congreso, de mayoría casi absoluta del Partido de la Liberación (PLD), está compelido a transmitir a la ciudadanía un claro mensaje de que posee voluntad política para impulsar junto al nuevo gobierno un auténtico estado de transparencia y consolidación institucional que desaliente privilegio, discrimen y prevaricación.

Al congratular a los 26 senadores que rechazaron la pretensión legislativa de convertir al Congreso en un coto cerrado inmune a controles públicos, se consigna legítima preocupación ante recurrentes iniciativas congresuales de aprobar leyes que ofenden a la sociedad.