POR: Susi Pola

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La noticia de que el Vaticano no extraditará al ex nuncio Josef Wesolowski no tomó por sorpresa a quienes creemos que el giro dado por la Iglesia Católica con el nombramiento del Papa Francisco, tiene más un “make-over” que de realidad.

Josef Wesolowski, fungiendo como nuncio apostólico dentro de las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica, es acusado en R. Dominicana, de crímenes contra niños menores, castigables por la justicia penal, se habla de abuso y violaciones sexuales, todo esto a la sombra de una iglesia local cómplice, que al parecer, conociendo las prácticas criminales del ex nuncio, callaban otorgando. Pero lo peor, esta misma iglesia católica local, facilitó la secreta salida del ex nuncio criminal para Roma, y El Vaticano completó el resto del encubrimiento.
Históricamente, a través de las demandas por casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la iglesia católica en varios países de Europa y América, conocidos en los últimos cincuenta años pero hechos públicos apenas unos 20 o 25 años atrás, hasta la fecha, El Vaticano ha dado la misma respuesta de protección a los acusados de su clero, pervirtiendo procesos, encubriendo, logrando que autoridades civiles también encubran a los criminales y manteniendo la impunidad.

¿Qué argumentos puede tener un estado, como dicen es El Vaticano, para violentar las reglas internacionales del derecho entre estados? Mientras decenas de miles de personas dicen haber sido víctimas de clérigos, El Vaticano no solo no sigue los protocolos internacionales establecidos, tampoco informa y lo peor, protege a miles de perpetradores.

¿Es realmente un Estado, El Vaticano? El derecho internacional referido a las políticas de relaciones entre los estados, tiene que revisar la situación de esta especie de fundo, por su tamaño, capaz de establecer acuerdos leoninos, llamados Concordatos, en nombre de Dios. ¿Qué respuesta tiene la Organización de las Naciones Unidas, ONU, frente al desacato entronizado, protegido por este organismo? ¿Cuál es el concepto de Estado? Por otro lado, y siempre en la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, ¿No debiera intervenir por los más de cien mil niños y niñas víctimas de estos abusos clericales católicos?

Muchos cabos para atar son los que quedan y ya que la Iglesia Católica, la de Roma y la de aquí, no se conmueven por nuestros niños que acusan al ex nuncio y a otros curas católicos, sea el gobierno dominicano que haga las diligencias, recordando que, el bien último de nuestras leyes, son los niños y niñas.Tratándose de un caso de derecho penal y público, solicitemos la publicidad del informe enviado a El Vaticano por el Cardenal dominicano y que el Papa también haga públicas las acciones que se están tomando en contra del nuncio acusado violador. Es de justicia!