Carga pública; Sindicatos transporte “ordeñan” al Estado

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Mantener tranquilos a los sindicatos del transporte público le cuesta al Gobierno más de $3,000 millones anuales, que les entrega por concepto de subsidio al combustible que mueve los autobuses, minibuses y conchos.

Con el subsidio se evita que 12 confederaciones, federaciones y centrales de choferes aumenten los pasajes y lancen a miles de conductores a protestar a las calles.

Datos del Ministerio de Industria y Comercio indican que el Gobierno entrega 4.5 millones de galones de gasoil regular cada mes a los transportistas, con un costo de $2,400 millones al año.
Un informe de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) establece que el Gobierno paga $644.410,080 anualmente a más de 15,000 choferes de carros públicos que reciben gas licuado de petróleo (GLP) subsidiado.

No obstante, la millonaria inversión a los transportistas de pasajeros no se traduce en una mejoría de la calidad del servicio y los usuarios siguen gastando entre el 20 y el 30 por ciento de sus salarios en transporte.

“Ese subsidio es de los pasajeros. Es para no aumentar el pasaje”, argumenta Antonio Marte, presidente la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), entidad que recibe 1,027,000 galones mensualmente de gasoil regular.
Marte, que controla más de 62,000 autobuses y microbuses, afirmó que el valor real del pasaje urbano es de 52 pesos y gracias al subsidio se mantiene en 25.

En su Plan Estratégico 2013-2016, la OTTT observa que la edad promedio de los carros, autobuses, microbuses y minibuses que recorren las rutas urbanas e interurbanas del territorio nacional oscila entre 11 y 23 años. Como consecuencia, los pasajeros deben moverse en vehículos deteriorados, inseguros y carentes de comodidad.

Razones

En noviembre del 2007, cuando el precio del barril de petróleo se disparó por encima de los 100 dólares, para evitar que los precios del pasaje se dispararan, el Gobierno emitió el decreto 677-07, que autorizó a Industria y Comercio implementar un programa de compensación a favor de los transportistas de pasajeros y de carga.
El Programa de Compensación de Diesel a los Transportistas incluía un subsidio temporal de $31.79 por galón al gasoil, durante tres meses, con un valor mensual de 32.0 millones de pesos.

Terminado el plazo, los choferes subieron el pasaje, escenificaron protestas en las calles y obligaron al Gobierno a retomar la entrega de combustible subsidiado. Ahora es de 42 pesos por galón de gasoil.
Ese beneficio se extendió a las empresas del transporte interurbano como Caribe Tour, Metro, Terrabus, Metrabús, Transporte Espinal, Expreso Vegano y otras.

Los sindicatos beneficiados son Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Central Nacional Movimiento Choferil de Transporte (Mochotran), Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y el Frente Nacional de Transportistas de Conatra (Fentracon).

Además, Unión de Propietarios de Autobuses; Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Federación Regional de Trabajadores de Transporte del Municipio de Boca Chica y Zonas Aledañas Unificados (Fedetrabo), Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego) y Federación Nacional de Transportistas Unificados (Fentrauni).

En 2011, los transportistas volvieron a la mesa de negociaciones con el Gobierno, luego de amenazar con incrementar $15 al precio del pasaje.

El Gobierno les prometió llevar el subsidio del bonogás a los choferes que no lo están recibiendo, iniciar un programa de viviendas para el sector choferil y permitirles la compra de nuevas unidades de transporte libres de impuestos.

A través del Bonogás, cada chofer beneficiado recibe $3,500 cada mes.

Corrupción

El presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados, Rafael Tobías Crespo Pérez, consideró que el subsidio a los transportistas “es un distorsionante económico y crea corrupción”.

“Lo ideal es que ese subsidio vaya directamente a los estudiantes, los envejecientes, los discapacitados, los policías , empleados públicos y privados, como sucede en otros países”, dijo el legislador.

En brasil, por ejemplo, existe el Vale Transporte, mediante el cual el empleador le entrega al empleado 22 pasajes mensuales de ida y vuelta y el Estado le deduce el valor de los mismos a través de los impuestos.

Los empleados públicos lo reciben a través de la nómina.
En Argentina, el Gobierno entrega el subsidio directamente a los choferes, pero mantiene una vigilancia estricta a ese dinero a través de la Cámara de Cuentas.

Además, los sindicatos tienen la obligación de mantener la calidad de la flotilla vehicular, transportar una cantidad determinada de pasajeros o demostrar la distancia recorrida y capacitar a los choferes.

Mafia

En febrero de este año, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, presentó cargos contra el regidor del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y sindicalista Eridson de los Santos Solis (Ney), acusado de desarrollar una mafia con el combustible subsidiado.

Recientemente, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, alertó sobre la forma en que empresas, sindicatos de transportistas y otros sectores estarían usando el combustible subsidiado.

“El Gobierno entrega combustible subsidiado a sindicatos que no lo consumen”, denunció Antonio Marte, hecho que evidencia que faltan controles en esa área.

“Si le preguntan al Gobierno cuántos sindicatos tiene Conatra, el Gobierno no sabe decir”, insistió.

La sal y el chivo

Los sindicalistas Blas Peralta, de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y Antonio Marte, de Conatra, afirman que el subsidio a los combustibles “es más la sal que el chivo”.

Favorecieron que las autoridades lo eliminen y dejen flotar el precio del pasaje, porque éste no cubre los costos operacionales de sus flotillas en el nivel esperado.

Peralta, que recibe 700 mil galones mensuales de gasoil subsidiado, aseguró que el Gobierno apenas subsidia 10 días de operaciones a los 208 sindicatos que aglutina.

“Los otros 20 días tenemos que comprar el gasoil al precio del mercado”, dijo.

“Tenemos sindicatos que no lo reciben y sólo el Sindicato de Camioneros y

Furgoneros gasta 800 mil galones al mes”, precisó.
“Que dejen que la tarifa flote, y con el agravante de costo del transporte de carga subiría hasta un 125 por ciento”, añsdió.

Antonio Marte recordó que el gobierno que encabezó el expresidente Leonel Fenández se comprometió a subsidiar el combustible que usan los transportistas los 30 días del mes.

Sin razón

Con el descenso estrepitoso de los precios del petróleo, que el pasado viernes cerró a US$44.62 el barril, parecería que el subsidio a los transportistas y a otros sectores que reciben ese beneficio no tiene razón de ser.

Las autoridades han hecho múltiples intentos por establecer tarifas en el transporte de carga y pasajeros, pero han chocado con el poder numérico, económico y político de los sindicatos de choferes.

“Los aumentos de las tarifas se deben a la compleja estructura que han forjado los prestadores del servicio, la cual incluye elevados montos asignados a los turnos, venta y alquiler de los mismos, alquileres de unidades, cobro de beneficios por parte de propietarios de unidades a choferes”, señalan los estudios gubernamentales sobre la problemática del transporte en el país.

Un apunte

El sistema de transporte ideal

El presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados, Rafael Tobías Crespo Pérez, consideró que  la solución a la crisis del sistema de transporte del país  es la masificación y colectivización, para que sea eficiente en cuanto a los recorridos, los itinerarios, frecuencias y  seguridad   para las personas transportadas. Un transporte eficiente también debe garantizar precios justos para los usuarios, consideró el legislador.

Dijo que la próxima semana la Cámara de Diputados pondrá en agenda un proyecto de ley de su autoría que está llamado a revolucionar el transporte público. Se trata del proyecto, denominado Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que trata  el financiamiento, los precios de los pasajes, entre otros temas.

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