Las cuentas bancarias de los 14 acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht fueron congeladas por disposición de las autoridades.

Se trata de una medida cautelar encaminada a inmovilizar los bienes de los imputados, para que no los distraigan en caso de que se produzca una sentencia condenatoria.
La información fue confirmada por el imputado Máximo D’Oleo y negada por otros, incluyendo Angel Rondón, en vista de que al parecer, la difusión de la medida afecta el buen desenvolvimiento de los negocios de los acusados.

La disposición es un paso previo a la incautación, que tendría que ser ordenada por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, cuando el Ministerio Público se la soliciten.

Retiraron dinero
Se supo en fuentes bancarias, que algunos de los imputados hicieron grandes retiros de dinero, durante el proceso de investigación, a sabiendas de que sus cuentas serían inmovilizadas.

Las investigaciones e interrogatorios comenzaron en enero de este año, tras la divulgación del caso el 22 de diciembre del 2016 en Estados Unidos.

Esta información fue confirmada esta mañana, después que ayer el juez Francisco Ortega Polanco dictara medida de coerción contra 13 de los 14 imputados, a quienes envió a la cárcel, otros a sus casas con prisión domiciliaria y tres dejados en libertad mediante el pago de fianzas.

Acusados y abogados a la espera ayer de la lectura de las medidas de coerción.

Enviados a prisión
El juez Ortega Polanco dictó un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón para ser cumplido en la cárcel de La Victoria; tras ser considerado como la persona que recibió 92 millones de dólares de Odebrecht para distribuirlos en el país en sobornos.

También el magistrado impuso nueve meses de prisión al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado Conrad Pittaluga Arzeno, para ser cumplido en la cárcel de Najayo, San Cristóbal; seis meses de prisión al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, e igual cantidad de meses para el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y para el exdiputado y dirigente del PRD Ruddy González.

De igual forma, el juez dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo D´Oleo Ramírez, para ser cumplidos en Najayo.
Además dictó prisión domiciliaria por nueve meses contra el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez. Ambos padecen de problemas de salud.

Anoche obreros daban los toques finales a un área de la cárcel de Najayo, que fue remodelada para la ubicación de los presos.
El caso Odebrecht marca un precedente en la historia de la lucha contra la corrupción en el país, por encima de los expedientes del expresidente Salvador Jorge Blanco, el Peme y el Plan Renove, debido al nivel social, político y económico de los acusados en esta ocasión.

Un Apunte

Precedente
Marca hito
Para algunos juristas, la decisión del magistrado Ortega Polanco marca un hito, con un antes y un después en la historia de la judicatura dominicana.

El abogado Valentín Medrando consideró que dicha decisión marca un hito histórico y que sienta un criterio jurisprudencial en desarrollo que coloca a la corrupción como el tipo penal más grave y a la condición de funcionario como la más propensa a ser considerada en peligro de fuga.

“La decisión se aparta de la discusión abordada en vista de la medida de coerción y se ajusta a la naturaleza de la misma. Observa los presupuestos culpatorios y los presupuestos de arraigos, haciendo a los primeros vencedores y descartando los discursos forenses más propios de otra etapa procesal”, manifestó Medrano.

Mientras el jurista Candido Simó declaró que se trató de una resolución mesiánica, donde el juez hizo una repartición proporcional de medidas en función del grado de responsabilidad que estimó corresponde a los imputados.

Sostuvo que en el caso de los que deben cumplir en su casa la medida, primó el criterio humanización, porque ambos ha estado en tratamiento médico.