Los candidatos a la presidencia de la República, entre ellos el presidente Danilo Medina, fueron demandados a comparecer de manera forzosa a una audiencia que se celebrará el 18 de este mes en el Tribunal Superior Administrativo para conocer un recurso de amparo en contra de las plantas a carbón de Punta Catalina.
La demanda de comparecencia obligatoria fue hecha por ante dicho tribunal por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y diversas organizaciones de la provincia Peravia y de otras localidades del país.
Reclamaron al Tribunal la intervención forzosa en esta audiencia de los candidatos a la presidencia de la República Danilo Medina, Luis Abinader, Minou Tavárez Mirabal y Guillermo Moreno.
También citaron a los presidentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández Reyna, del Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, del Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, del Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista García, y de la Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig.
Las entidades denunciaron que el gobierno autorizó en secreto la instalación en Punta Catalina de otra planta a carbón de 600 megavatios a una empresa radicada en el país que no es conocida en el ramo de la generación eléctrica.
Anunciaron que solicitarán al Tribunal Superior Administrativo que impida la instalación de esta tercera planta en Punta Catalina, en adición a la solicitud que ya hicieron de que se ordene la detención de la construcción de las otras dos plantas a cargo del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Revelaron que por acuerdo suscrito el 27 de diciembre del 2013 entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la empresa Pinegy Commercial Group, ratificado por el poder especial del Presidente de la República No. 39-14 de fecha 28 de marzo del 2014, se traerá a Punta Catalina esta planta desde Carolina del Sur, EUA.
Explicaron que la CDEEE comprará durante 25 años la electricidad que esta planta produzca en condiciones parecidas a las que tuvo el contrato de la Cogentrix, en el que el Estado se compromete a pagar un cargo fijo aún no le produzcan energía.
