La proporción de la población de América Latina y el Caribe que tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos e instituciones públicas alcanzó el 75% en el año 2017, 20 puntos porcentuales más que en 2010.

La información fue dada a conocer hoy en un documento puesto en circulación por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en colaboración con la Comisión Europea.

El documento del “ Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2018: repensando las instituciones para el desarrollo”, dado a conocer hoy aquí, establece que la satisfacción de la población por los servicios públicos también empeoró.

Cita que en el período 2006-2016, “la población satisfecha con la calidad de los servicios de salud cayó de 57% a 41%, muy por debajo de los niveles de la OCDE (estables en torno al 70%). De igual modo la satisfacción con el sistema educativo bajó de 63% a 56% en el mismo período”.

El documento dice que la creciente insatisfacción de la población viene motivada en gran medida por el crecimiento de la clase media.

Detalla que en el año 2015, alrededor del 34.5% de la población podía considerarse “clase media consolidada” (que vivía con 10-50 dólares por día), expresados a precios constantes de 2005 con paridad de poder adquisitivo (PPA), comparado con el 21% en 2001”.

“Esta expansión ha venido acompañada de mayores aspiraciones, así como de valores y exigencias diferentes, dado que los ciudadanos de clase media apoyan y reclaman con mayor firmeza el cumplimiento de los principios democráticos”, destaca el resumen ejecutivo del documento, de 271 páginas.

Da cuenta además que la “clase media vulnerable” (que vive con 4-10 dólares diarios (PPA 2005) ha crecido también y representaba alrededor del 40% de la población de América Latina y el Caribe en el 2015.
De acuerdo con el documento, “este grupo socioeconómico vive con la incertidumbre de volver a caer en la pobreza como consecuencia de un revés económico, dada la precariedad de su situación económica y laboral”.

El documento de las instituciones internacionales plantea que para buscar solución a la problemática es necesario repensar las instituciones y avanzar hacia un nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado para responder mejor a las necesidades y exigencias de la sociedad.

En el documento se hace un llamado para que ese nuevo vínculo social “promueva las sinergias y fortalezca las interacciones entre los tres situando las exigencias y el bienestar de los ciudadanos en el centro. Las reformas deben centrarse en las instituciones para promover una economía que brinde a todos más y mejores oportunidades”.