Mientras la tasa de embarazo adolescente en República Dominicana supera el 23%, de acuerdo al último informe realizado por ENDESA, la prensa de esta semana refiere la violación incestuosa y embarazo de dos menores de 12 y 13 años, una en Dajabón, por un medio hermano, y otra en Santiago, por su abuelo.
Teniendo en cuenta que la población adolescente dominicana, es el 34%, especialistas en salud reunidos en el país, califican estas cifras como una epidemia, y para contrarrestarla, solicitan del Estado, enfrentarla.
Hay que recordar que nuestro país, ocupa el quinto lugar con más alta incidencia de embarazos en adolescentes en la región de Latinoamérica y El Caribe, con 25%, solo superada por Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras.
Muchos de estos embarazos tienen como causa la violación por parte de padres, padrastros y otros hombres del entorno familiar, un crimen que no es suficientemente investigado en el país por las connotaciones de “intimidad”, situación muy protegida en una sociedad en la que se ejerce la doble moral como práctica permanente.
Asociado a estas cifras altas y escondidas, también las hay de suicidios de adolescentes que, embarazadas por sus parientes, no pueden soportar “un secreto” ni la obligación de mantenerlo en un entorno que se vuelve contra ella.
Siempre hemos dicho que en nuestro país, cuando tengamos registros confiables de estos crímenes, será escandalosa la cifra de los mismos, números que se siguen solapando en una cultura que prefiere el silencio enfermizo y el sacrificio de la salud de las mujeres, para mantener las apariencias de una sociedad feliz.
Frente a esta realidad que nos da en la cara cada mañana, cuando el país se levanta, no hay posibilidad de una respuesta dubitativa del Congreso, para la despenalización por eximentes o causales.
Ningún legislador ni legisladora en su sano juicio puede pensar que a una niña violada por su padre, hermano, abuelo, o cualquier otro familiar, hay que obligarla a cargar de por vida tan pesado.
Las dos niñas embarazadas por incesto, en Dajabón y Santiago, no pueden ser trofeos de una sociedad desigual y discriminadora, que castiga a las mujeres pobres y las mantiene en la pobreza. Porque, para los incestos de las clases pudientes, incluyendo a la de los políticos y políticas, hay manera de desembarazar y seguir mintiendo.
Se hace muy difícil imaginar que un embarazo no deseado, ejecutado en la mayor de las violencias, contra una niña que apenas despunta a la vida, tenga defensa en las voces de quienes están en el Congreso para mejorar la vida de este pueblo.
