A menos de 24 horas de haber anunciado un plan de austeridad, el Gobierno dominicano anunció este viernes que aportará 10 millones de dólares (equivalentes a RD$595 millones) al Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el apoyo a la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien se encuentra en las oficinas de la ONU en Nueva York, entregó de manera personal la comunicación oficial que contempla el aporte al secretario general adjunto del organismo para el Apoyo Operacional, Atul Khare.
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Otros US$10 millones
Asimismo, la comunicación reafirma la disposición de República Dominicana de continuar respaldando estos esfuerzos, con el compromiso de realizar un aporte adicional de 10 millones de dólares el próximo año.
Durante el encuentro, el canciller Álvarez, acompañado del embajador Wellington Bencosme, representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, reiteró la firme convicción del Gobierno del presidente Luis Abinader de acompañar de manera decidida los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de Haití, en el entendido de que la paz duradera en la nación vecina constituye una prioridad estratégica para República Dominicana y para la región en su conjunto.
Entretanto, el secretario general adjunto, Atul Khare, agradeció la solidaridad y el liderazgo demostrados por República Dominicana, y destacó el valor de contribuciones como esta para el funcionamiento efectivo del Fondo Fiduciario y, en última instancia, para el cumplimiento del mandato confiado por el Consejo de Seguridad.
Plan de austeridad
El Gobierno dominicano anunció ayer jueves un plan de austeridad institucional que busca generar una disponibilidad de recursos cercana a los RD$40,000 millones.
El paquete de medidas contempla una reducción drástica en los gastos operativos no prioritarios de todas las instituciones estatales. Entre las disposiciones más destacadas se encuentra la propuesta de reducir en un 50% el presupuesto asignado a los partidos políticos, además de restricciones en la adquisición de vehículos oficiales, la racionalización de combustibles y el recorte de viáticos y pasajes para funcionarios.
Asimismo, se limitarán los gastos en publicidad oficial y eventos institucionales, priorizando únicamente aquellas áreas críticas como la seguridad ciudadana y la asistencia social. Estabilidad frente a la incertidumbre externa.
