El juez interino del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo viernes la audiencia de resolución de peticiones en nulidad de la investigación que realiza la Fiscalía del Distrito Nacional, interpuesta por el ingeniero Víctor Díaz Rúa. El magistrado Leomar Cruz fijó la fecha luego que fuera designado para conocer el caso, por el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Roman Hiciano Berroa.
La designación de Cruz fue hecha a raíz de que la magistrada Margarita Cristo Cristo se inhibiera de conocer el proceso y se querellara contra la fiscal Yeni Berenice Reynoso por ante el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Los abogados de Díaz Rúa han solicitado la Nulidad de la investigación porque a su juicio se han violentado derechos fundamentales y el debido proceso.
La fiscal Reynoso notificó la querella al exfuncionario de Obras Públicas después de casi un año de estar sus manos.
Este el tercer juez designado para conocer el proceso, ya que los dos primero fueron recusados por la parte querellante y la fiscal.
Fallo a favor
La barra de la defensa de Díaz Rúa consideró que los fallos técnicos y procesales presentes en la investigación y denuncia contra su defendido por supuestas irregularidades en el desempeño de sus funciones, podrían culminar en un eventual fallo a su favor en cualesquiera de las instancias jurídicas en las que se conozca.
Los abogados Juan Antonio Delgado y Pedro Balbuena precisan como uno de los más graves errores de la Fiscalía del Distrito el retraso de casi dos años para notificar al imputado sobre las acusaciones.
Los juristas argumentan, además, que durante esos dos años el Ministerio Público no ha logrado darle sustento al posible expediente, lo que podría reflejar ausencia de elementos de pruebas en contra de Díaz Rúa.
Sostienen que ante las primeras denuncias y el sometimiento, las autoridades del Ministerio Público han realizado decenas de interrogatorios e investigaciones sin que hasta el momento se conozcan elementos concretos que puedan avalar una acusación con fundamento jurídico penal.
