Los bienes incautados a narcotraficantes y a otros acusados de la comisión de diversos delitos se han convertido en una especie de “piñata” pública de la cual los menos beneficiados son los programas de diversas entidades para la regeneración de adictos a las drogas. Se estima que más del 95 por ciento de esos bienes son usufructuados por políticos, policías, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y fiscales, práctica que al entender de expertos, refleja que la lucha contra ese mal no es más que un gran negocio para propiciar la corrupción a gran escala.
Oficialmente, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados confirmó que más del 95 por ciento de dichos bienes no llega a esa institución. Visto a simple vista, la incautación de bienes no es más que un gran negocio legalizado al amparo de la ley 72-02, la cual establece, entre otras ordenanzas, que: “los bienes incautados en ocasión de una investigación relativa a los delitos previstos y sancionados en las Leyes 50-88, Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la 72-02, de fecha 7 de junio del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, podrán ser utilizados en el combate y prevención de los mismos.”
Esta legislación se ha convertido en pretexto único legal para que policías, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fiscales y políticos utilicen de forma desmedida los bienes incautados, incluso de personas que en algunos casos resultan inocentes de los hechos que les imputan.
Casi a diario, los abogados se quejan en los tribunales de que los bienes de sus clientes son utilizados hasta para montar en lujosos vehículos y mudar en mansiones a queridas de políticos, oficiales policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Todo esto ocurre a pesar de la existencia de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, creada mediante la ley 72-02.
Conforme a dicha legislación, dichos bienes deberían ser administrados por esa oficina hasta tanto intervenga una sentencia definitiva.
La oficina
Para el director de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Laureano Guerrero, se trata de un asunto sumamente grave, debido a que, según dijo, esa institución apenas administra menos del cinco por ciento de los bienes incautados por las autoridades.
El caso es mucho más grave, debido a que en la actual gestión del doctor Francisco Domínguez Brito al frente de la Procuraduría General de la República, se está quedando con el cien por ciento de esos bienes, aseguró.
En tal sentido declaró que la ley establece que a esos bienes no se les puede poner la mano mientras se esté en el proceso judicial y que mientras tanto debería ir a su oficina, pero que en la actualidad no es así.
La Ley
De acuerdo a Guerrero, lo que establece la ley es que esos bienes deben ser administrados por su oficina hasta que intervenga una sentencia judicial definitiva y no ser usufructuados por terceros, como ocurre en la actualidad.
“Si en el proceso judicial se determina que los bienes fueron fruto del narcotráfico o lavado de activos, entonces se produce una sentencia que los confisca y los hace propiedad del Estado y entonces siendo ya propiedad del Estado se espera un momento determinado que haya un cúmulo de bienes para ir entonces a una subasta pública”, explicó Guerrero.
Lo que establece la ley, indicó, es que una vez vendidos esos bienes, se le otorgue del dinero un 25 por ciento al Ministerio Público, un 25 por ciento a la DNCD, un 25 por ciento al Consejo Nacional de Drogas, un 10 por ciento a la Policía Nacional y el 15 por ciento restante para las ONG o instituciones sin fines de lucro que se dedican a la prevención del consumo de drogas.
Guerrero declaró que en cuanto a la repartición no hay problema, en lo que sí hay inconveniente es en la administración de los bienes, al parecer porque el Ministerio Público entiende que es mucho el dinero que se mueve de las drogas.
Afirmó que de todo lo que se incauta, a su oficina ni siquiera está llegando el cinco por ciento, a pesar de que la ley establece que deben ser enviado a esa unidad en un plazo no mayor de 30 días.
Casa Abierta
Para el director ejecutivo de Casa Abierta, Radhamés de la Rosa, la lucha contra la droga no solo ha sido un fracaso sino un gran negocio para propiciar la corrupción.
“La mal llamada ‘guerra contra las drogas’ es en nuestro país no solo un gran fracaso, como en todo el mundo, sino un gran negocio para propiciar la corrupción. Las leyes 50-88 y 72–02, se han convertido en unas fuentes más para la corrupción oficial”, manifestó De la Rosa.
Dijo que el manejo de los bienes incautados es uno de los aspectos más visibles en los que se expresa la corrupción que envuelve hoy el accionar del Estado dominicano frente al fenómeno de las drogas.
“Se ha convertido en una especie de piñata en la que muchos quieren sacar beneficios. Con el manejo irregular, vale decir corrupto, de estos bienes muchas personas se han enriquecido o apropiado de bienes y dinero, por medio a subterfugios seudo legales. Se ha sabido incluso de negociaciones que huelen más a chantaje, con imputados a los fines de repartir bienes bajo la amenaza de sometimiento, o amenaza de expedientes de extradición”, subrayó De la Rosa.
Declaró que son muchas las ocasiones en que personas afectadas han denunciado que sus propiedades están de forma irregular en manos de particulares, generalmente funcionarios del Estado.
La DNCD
De su lado, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aclaró que no tiene responsabilidad en la custodia de los bienes incautados en operativos realizados contra el narcotráfico y lavado de activos, ya que es tarea exclusiva del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, y de la Procuraduría General de la República, tal como lo establece la Ley 72-02 y la Ley del Consejo Superior del Ministerio Público 30-11.
El organismo antidrogas indicó que sólo utiliza algunos inmuebles como oficinas instaladas en las distintas provincias, así como algunos vehículos para las operaciones de persecución e interdicción de drogas, conforme a los estipulado por el decreto 20-03 del Poder Ejecutivo, previamente autorizado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, (CONCLA).
Precisó que en la generalidad de los casos, los muebles e inmuebles ocupados al narcotráfico son entregados a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados (OCABE), del CONCLA y a la Procuraduría, organismos que tienen la responsabilidad de la custodia hasta tanto algún tribunal emita sentencia en cada caso, conforme los estipula la Ley 72-02.
“Las evidencias son registradas en la Unidad de Cadena de Custodia de la DNCD, desde donde son entregados al Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República.
Carlos Balcácer
Para el abogado penalista Carlos Balcácer, el problema es mucho más grave de lo que se cree, en razón de que se utiliza el pretexto de las drogas para despojar a personas de su propiedades, con el inconveniente que, después cuando son descargados les devuelven sus bienes en completo estado de deterioro.
Abogó por la creación de un parque dedicado a esos fines, en donde los bienes sean rotulados y guardados, hasta que intervenga una sentencia definitiva.
Balcácer dijo que en el caso que haya bienes perecederos deben ser vendidos por el Ministerio Público, pero con el concurso y consentimiento del propietario.
Abogó porque se modifique la Ley 72-02, que otorga facultad a la DNCD a utilizar los bienes incautados, por considerar que bajo ese pretexto legal se está usufructuando de manera corrupta los bienes de los acusados de narcotráfico y lavado de activos.
Frank Reynaldo
Igual opinó el abogado penalista Frank Reynaldo Fermín, quien dijo que no es un secreto que los bienes incautados son utilizados para el usufructo personal por oficiales de la DNCD y de la Policía.
Puso como ejemplo el caso de una de las estaciones de expendio de combustibles de Quirino Ernesto Paulino, la cual dijo fue vendida en subasta pública de forma no muy clara por las autoridades.
Denunció que, incluso en el caso del narcotraficante José David Figueroa Agosto hay apartamentos que están siendo utilizados por personas allegadas a autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
“Todo esto se hace de espalda de la ley y a veces de manera profesa para que los bienes se deprecien para después adquirirlos a precio de vaca muerta”, subrayó Fermín.
Carlos Olivares
El penalista Carlos Olivares es de opinión que más que regulaciones, se debe cumplir con las disposiciones existentes, de tal forma que las propiedades no sigan siendo utilizadas al antojo de las autoridades.
Dijo que él, en particular, ha tenido casos de personas a las que les han incautado sus bienes y que al final los han descargado y lo que han recibido después son chatarras deterioradas.
Por tal razón es de opinión que se cumpla con las disposiciones existente y que se modifique la ley que faculta a las autoridades a utilizar los bienes incautados.
