Por: Pedro P. Yermenos Forastieri
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Las voces que se levantaron en oposición a la actitud asumida por el Presidente en el sentido de exigir a Barrick Gold la revisión de un contrato de explotación perjudicial para la nación, se sustentaban en el concepto de seguridad jurídica, alegando que modificar las condiciones de la inversión extranjera, lleva inestabilidad a los inversionistas, lo cual puede implicar retiro de recursos.
El punto débil de esa ofensiva era la incoherencia que ha caracterizado a sus sustentadores. No es posible que en una relación jurídica de dos partes, existan criterios solo aplicados para una de ellas, sobre todo no tratándose, como el caso, de contratos de adhesión, en los cuales uno de los contratantes impone condiciones, sin que eso pueda ser modificado.
Esa ausencia de coherencia se ha puesto varias veces de manifiesto. La primera, cuando con anterioridad, la Barrick solicitaba a las autoridades que modificaran el contrato para variar la política fiscal del mismo. El Estado aceptó y ninguno de los que en ese momento esgrimían la tesis de la seguridad jurídica dijo nada, ante un hecho que operó en desmedro de la certeza que debía tener el país de los ingresos que iba a recibir por concepto de impuestos.
Luego, la nación constató cómo se incurrió en violaciones de leyes en embarques exportados por la minera. Declaraciones mal formuladas. Pesos declarados por debajo de la realidad. Afirmar que el producto tiene su origen en un país distinto al nuestro. En fin, falsedades que atentaban contra la seguridad que debe tener el país de lo que le corresponde por pago de aranceles.
Eso no sirvió para que los postulantes de la seguridad jurídica reclamaran su vigencia en favor de nuestro erario. Estábamos en presencia de algo que, al parecer, solo era reconocido cuando ponía en peligro los intereses de la empresa extranjera, pero jamás cuando vulneraba derechos adquiridos por el dueño exclusivo de lo que da origen a todo esto, como es el oro que brota de las entrañas de la tierra quisqueyana.
La voluntad del Presidente lo catapultó a la cúspide de la popularidad por demostrar que cuando el interés nacional está en juego, la seguridad jurídica no puede ser camisa de fuerza ineludible.
Por eso asombra que ahora alegue igual criterio que sus adversarios de entonces para justificar su posición ante otros contratos tan lesivos para la dignidad nacional como aquel donde hizo lo que nunca antes.
