La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIHD), que no es tribunal ni corte, ha condenado a República Dominicana, al señalarla como nación que discrimina a nacionales de origen haitiano por razones de color y pobreza, situación que afirma se agrava por la sentencia del Tribunal Constitucional que dice afectaría desproporcionalmente los derechos de esa comunidad.

Al Estado dominicano solo le espera aguardar por la condena que sin lugar a dudas le impondrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la cual el linaje patrio sería por siempre asociado a formas de genocidio civil, racismo, xenofobia, discriminación y otros crímenes de lesa humanidad.

Desde su nacimiento, el dominicano ha sido reconocido como un pueblo hospitalario, servicial, acogedor, que siempre desborda cortesía y buen ánimo hacia visitantes e inmigrantes, tanto así que la mayoría de las colonias extranjeras en República Dominicana datan de siglos sin ser objeto nunca de persecución por razones étnica, política, económica, social ni religiosa.

Ese valioso activo cívico que compite con las extraordinarias bellezas naturales como atractivo principal a ojos y sentimientos de extranjeros, se diluye hoy en el aceite hirviente de esa sentencia injusta, ilegal y preconcebida, disfrazada en un informe de comisión.

Las relaciones domínico haitianas han sido siempre las de vecinos que se atraen o se rechazan según el momento histórico, pero conscientes ambos de que están signados a convivir sobre una misma isla, sin que se culpe a uno por el drama de otro ni condenarlo a llevar más cargas que la que puede acarrear un buen cirineo.

La haitiana es una migración que va y viene sobre una frontera terrestre de 390 kilómetros, abierta casi de par en par solo para el lado oeste, siendo ese quizás el único paso fronterizo sin mayores restricciones migratorias. ¿Cómo hablar de xenofobia, racismo y discriminación por razones de pobreza?

La sentencia del Tribunal Constitucional es de espectro amplio y profundo en procura de definir el alcance de la nacionalidad y definitivo control migratorio, como ocurre en cualquier nación civilizada, donde solo se pide que los sin papeles adquieran la documentación legal de estadía, residencia o naturalización, pero la CIDH ha condenado a este pobre país por racista y xenófobo.

Al gentilicio dominicano le espera una larga cruzada para impedir que su gentilicio sea finalmente llevado al cadalso y ejecutado injusta y sumariamente, como ha sido el propósito de grandes metrópolis, desde antes de que se proclamara la República. Hoy mismo, comienza la lucha por la dominicanidad.